Reforma Agraria y Corrupción son dos palabras indisolublemente unidas. Este dúo macabro y tenebroso tiene en la Oficina Regional de Santa Fe, provincia de Darién, su máxima expresión. Por ello, si hay una dependencia gubernamental que merece ser investigada en las finanzas que maneja y en el comportamiento doloso de algunos de sus funcionarios es precisamente esta.
El personaje central de toda esta podredumbre institucional es alguien denunciado a nivel interno y en un medio de comunicación en el año 2008, sin que sus superiores inmediatos hayan prestado la menor atención, a los cargos que formulamos; más bien, parecen cómplices que se han valido de leguleyadas y demagogia parar dilatar el asunto.
Hemos presentado pruebas ante las autoridades competentes que demuestran que este funcionario falsificó documentos para favorecer intereses de terceros, ocultó información y dio por perdido el dinero que pagamos en concepto de impuestos a la Dirección Nacional de Reforma Agraria y a la Autoridad Nacional del Ambiente.
A tres años (junio de 2006) de haber iniciado gestiones para legalizar las tierras que dejó nuestro padre en el Darién, estamos en el punto cero. No ha habido forma de enterarnos en qué etapa se encuentra el proceso de titulación. Los funcionarios de Santa Fe se tiran la bola unos a otros, se esconden en el anonimato y allí no ha pasado nada.
El nuevo Secretario del Consejo de Transparencia contra la Corrupción y otros funcionarios del Gobierno recién instalado se han comprometido a erradicar la corrupción y la impunidad; le hemos tomado la palabra.
Es necesario que los campesinos y personas humildes afectados por los desmanes de este funcionario lo denuncien y hagan valer sus derechos. El delito existirá siempre; lo importante es que haya quien lo denuncie y quien lo castigue. Las nuevas autoridades tienen la palabra.
