Bolivia concluyó ayer en un clima de normalidad y sin violencia el referendo vinculante que definirá el destino de su riqueza gasífera, la segunda más importante de América del Sur, al que fueron convocados 4,5 millones de ciudadanos.
Los recintos de sufragio comenzaron a cerrar paulatinamente desde las 16H00 (20H00 GMT), luego de ocho horas de labor, aunque los del este del país lo harán mucho más tarde a raíz de que abrieron con retraso a causa de un temporal, según el presidente del tribunal electoral, Oscar Hassentaufel.
"Creo que podemos decir, con la frente alta, que el país llega orgulloso a este 18 de julio. Y lo hace porque ninguno de los nubarrones, ni las tormentas que se anunciaron, pudo frenar el ímpetu democrático de una nación entera", declaró el presidente de Bolivia, Carlos Mesa, al destacar el clima de paz que prevaleció en la jornada electoral.
Los bolivianos mayores de 18 años acudieron masivamente a las urnas, según fuentes del tribunal electoral, para responder cinco preguntas que permitirán al gobierno perfilar un nueva política de hidrocarburos que no consulta acerca de la nacionalización de los yacimientos petroleros en manos de privados, como reclama la oposición y los sindicatos.
Contrario al llamado al boicot de sectores radicales, Mesa fue aplaudido a su paso por diversos recintos de sufragio, donde se declaró "conmovido" por el respaldo al referendo.
Mesa recibió apoyo en El Alto, una ciudad empobrecida vecina de La Paz que contribuyó de modo determinante a la caída del presidente Gonzalo Sánchez de Lozada, en octubre pasado por su política gasífera favorable a los consorcios internacionales.
A excepción de un pequeño grupo radical que intentó entorpecer el sufragio en esa ciudad y fue repelido por vecinos y la policía, la votación se desarrolló en un ambiente de "absoluta tranquilidad" en todo el país, según el ministro de Gobierno (Interior), Alfonso Ferrufino.
Un grupo de personas encabezadas por el dirigente sindical, Roberto de la Cruz, atacó con piedras en El Alto a la comitiva de observadores de la Organización de Estados Americanos (OEA), lo que el jefe de la misión internacional, Moisés Benamor, calificó de "incidente menor".
"Constatamos que es un grupo que está al margen de lo que son las reglas de la democracia y lo que provocó hoy fue un incidente menor", declaró Benamor.
El gobierno remarcó que el resultado de esta consulta no implicará la revisión de los 78 contratos de concesión por 40 años suscritos por Sánchez de Lozada, por estar comprometida en ellos la fe del Estado, salvo que exista una disposición voluntaria de las empresas petroleras, que pagan un 18% de regalías al Tesoro, de revisarlos.
