Varios presos se quedaron sin comer en La Joya, cuando en presencia del Defensor del Pueblo, Ricardo Vargas, la comida que debía repartirse a los internos, no alcanzó.
El servicio de alimentación a las cárceles de Panamá y Colón fue otorgado a una empresa salvadoreña so pretexto de mejorar la alimentación de los presos.
Los detenidos solicitaron a Vargas que obligara a la empresa a brindar un mejor servicio, ya que la comida dada no es de la mejor calidad y en ocasiones la cantidad servida es poca y tampoco alcanza para toda la población penitenciaria.
