El pleno de la Asamblea Legislativa aprobó ayer en segundo debate el proyecto de Acto Legislativo de reformas constitucionales, lo que pone fin a los acalorados debates políticos escenificados entre legisladores de oposición y de gobierno, desde el pasado 5 de julio.
Las reformas aprobadas por el legislativo destaca la modificación del artículo 308 para incluir la Asamblea Constituyente Paralela como un tercer método para introducir cambios a los artículos de la Carta Magna.
La Constitución podrá ser reformada total o parcialmente por 60 constituyentes, quienes tendrán un periodo de tiempo no mayor de nueve meses para discutir las modificaciones.
Los constituyentes, quienes podrán ser postulador por los partidos políticos o por la libre, deberán ser la representación de los panameños en todas las provincias y comarcas del país. Para convocar una Constituyente Paralela se necesita el respaldo del 20% de los electores del padrón electoral.
Igualmente, la reforma del artículo 200 de la actual Constitución impide que los candidatos a magistrados de la Corte Suprema de Justicia sean funcionarios que estén ejerciendo el cargo de legislador o sea miembro del Ejecutivo.
Con la reforma constitucional del artículo 149, será el pleno de la Corte Suprema de Justicia, quien autorice el enjuiciamiento de cualquiera de los miembros que componen el �rgano Legislativo.
Algunos de los artículos aprobados la tarde de ayer concede rango constitucional a la acción de habeas data para garantizar el acceso a la información y la obligatoriedad que los funcionarios públicos hagan su declaración de bienes antes de ocupar un cargo dentro del gobierno.
El pleno legislativo mantuvo la promesa hecha a las autoridades universidades de eliminar la reforma del artículo 95 de la Constitución, que según los universitarios, disminuía el poder de fiscalización de la institución para convalidar títulos profesionales y reconocer la apertura de universidades privadas en el país.
Según el Rector de la Universidad de Panamá, Gustavo García de Paredes, lo peor de esta reforma era que abría la posibilidad para la entrada de cualquier universidad en el país, sin las garantías de impartir docencia de calidad.