En círculos políticos corre la versión en torno a la decisión estadounidense de revocarle la visa a algunos políticos panameños.
Ya constituye una tradición de Washington adoptar esa decisión, tan pronto se acerca el fin del mandato de un gobierno determinado. Ya antes había ocurrido con un plural número de colaboradores del régimen de Noriega, luego con la administración del presidente Pérez Balladares y ahora se comenta que se adoptará igual decisión con los arnulfistas.
Igual situación se ha dado con funcionarios de varios gobiernos centroamericanos como Guatemala y Nicaragua, que han sido investigados bajo cargos de corrupción, luego de culminar su gestión.
Es decisión unilateral de cada país otorgar o no visa para que un extranjero pueda ingresar a su territorio. A los elementos que antes influían en esa medida, como eran la ideología de los aspirantes, se han sumado otros, como son las sospechas de tener nexos con el terrorismo, tráfico de personas u otros crímenes, pero además los vínculos que el candidato pueda tener con delitos de corrupción, son determinantes para que el gobierno norteamericano apruebe o desapruebe una visa.
Ya no importa si el gobierno entrante investiga o no los posibles casos de corrupción que se hayan cometido en la administración que relevan. Hay una política del coloso del Norte de abrir sus propias pesquisas y tomar acciones contra los sospechosos, aunque sea sólo el prohibir su ingreso a territorio norteamericano.
Las personas que consideren injusta la medida en su contra, podrán hacer las aclaraciones respectivas, los que en el fondo sepan que están embarrados, tendrán que conformarse con no poder viajar más a las ciudades de la Unión Norteamericana.