Los comisionados de Gobierno de la Asamblea aprobaron ayer en primer debate el proyecto de ley que obliga a las empresas telefónicas a preservar por espacio de un año una base de datos con los registros de las llamadas salientes y entrantes de sus clientes con equipos celulares de contrato y prepago.
Dicha obligación se extendió hasta las empresas que están en el negocio de las comunicaciones vía troncales y subcontratistas de redes de comunicación en los internet café e inflo plazas.
Con relación a la propuesta original presentada por el ministro de Gobierno, José Raúl Mulino, el proyecto fue reformado, principalmente, con recomendaciones planteadas por directivos de las empresas de telecomunicaciones.
El Ministerio Público, a través del secretario de la Procuraduría, Rigoberto González, logró que al proyecto se le mantuviera la facultad de solicitar a los concesionarios de telefonía los registros de las llamadas de sus clientes en la investigación de los delitos, sin la necesidad de pasar por el filtro de la Corte Suprema de Justicia. El proyecto original excluía a la Procuraduría del acceso directo a dicha base de datos de llamadas telefónicas.
En la reforma del artículo N�3 se deja sentado el hecho de que, para preservar la tutela de garantías constitucionales, la ley no podrá ser invocada en ningún caso para interceptar llamadas telefónicas.
La aprobación del polémico proyecto se logró con 5 votos a favor y un solo voto en contra del perredista Leandro �vila. Los voceros de las empresas Digicel, Claro-Panamá, Movistar, Cable & Wireless, Telecarrier y Cable Onda se mostraron a favor del la aprobación del documento.
Dentro de las reformas se acordó que las llamadas infructuosas y no contestadas se excluirán de la base de datos que almacenarán las empresas operadoras.
Se mantuvo la disposición de que los operadores de telefonía móvil, sus filiales y agentes autorizados que comercialicen servicios con sistemas de actividades mediante la modalidad de tarjetas prepago, deberán llevar un registro en el que conste la identidad o generales del cliente que adquieren la unidad de teléfono o tarjeta inteligente (SIM).