El Gabinete aprobó un proyecto que ayer mismo fue presentado a la Asamblea Nacional de Diputados que penaliza hasta con 20 años de cárcel la desaparición forzada de personas y la tortura, para cumplir así con compromisos internacionales en materia de derechos humanos.
La Comisión de la Verdad creada en la década pasada logró información sobre 70 homicidios y 40 desapariciones que se dieron durante la dictadura militar. De las víctimas sólo se ha resuelto algunos pocos casos, como el de Heliodoro Portugal, pero todavía se desconoce dónde están los restos de muchos de los muertos de la dictadura como el sacerdote Héctor Gallego y el dirigente revolucionario Floyd Britton.
Los militares han mantenido el Código de Silencio. Desde hace años hay una serie de restos exhumados a los que no se les ha practicado las pruebas de ADN hasta ahora que se hacen los esfuerzos para dotar las partidas necesarias para realizarlas.
El Concejo de Ministros aprobó el proyecto y autorizó a la ministra de Gobierno, Roxana Méndez, para que lo presente ante la Asamblea Nacional de diputados con el objetivo de que se tipifique "correctamente" estos delitos en el Código Penal (CP), señaló la Presidencia panameña en un comunicado.
La tipificación de estos delitos de desapariciones forzadas es uno de varios puntos de una sentencia impuesta al Estado panameño por la Corte Interamericana de Justicia (por la desaparición de Heliodoro Portugal.
En la práctica, el proyecto impide la prescripción de la acción en los delitos de terrorismo, contra la humanidad y por la desaparición forzada de personas.
La iniciativa es una advertencia para los agentes del Estado que abusan del poder y buscan silenciar a las voces disidentes en el país.