Jueves 17 de sept. de 1998

 








 

 


Salud: un derecho irrevocable del ser humano

Alejandra Araúz J.
Colaboración

C
uando en 1940 se creó la Caja de Seguro Social, que al cabo de un tiempo adoptara como lema "Salud igual para todos", se hizo con la intención de que esa institución cubriera las necesidades de salud de un sector importante de la población panameña, la fuerza laboral, los cotizantes y sus beneficios.

El Ministerio de Salud continuaría atendiendo a la población no cotizante y en un esfuerzo por alcanzar a aquellos panameños no asegurados, pero residentes en zonas donde la CSS contaba con infraestructura, se instituyó entonces el Sistema Integrado de Salud.

Pero hay un grupo de personas, que no cotizan y sus costos de atención médica están incluidos en el presupuesto del Ministerio de Gobierno y Justicia. Nos referimos a la población penal de todo el país, que a través del Departamento de Salud Penitenciaria de la Dirección Nacional de Corrección, se suplen las necesidades de la más de ocho mil personas que ocupan un par en alguna de las 53 cárceles del país.

Lamentablemente, el Ministerio de Gobierno y Justicia no cuenta con suficientes recursos para cubrir al ciento por ciento todas las necesidades médicas de la cada vez más creciente población penal, que sin afán de denigrarla, hay que recordar que su situación de detenido debe a alguna falta o delito cometido.

Ante esta situación, la escasez de fondos, se hace necesario que el Estado encuentre los recursos económicos para cumplir el deber adquirido por mandato constitucional, en el artículo 28 de la carta magna, que dice: "El sistema penitenciario se fundamenta en principios de la sociedad".

En este sentido, en noviembre de 196, el Gobierno Nacional suscribió un convenio de cooperación, a tres años, con el gobierno de España y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), con el propósito de implementar el proyecto "Asistencia al sistema de Ejecución de Penas y Rehabilitación del Recluso".

El convenio en general, busca instalar una adecuada planificación y ejecución de un plan integral de reforma penitenciaria y mejorar las comunicaciones entre el Organo Judicial y el Ministerio Público.

Por otro lado, el convenio, a través del su proyecto No. 4, también contempla la creación de un Plan Primario de Salud como respuesta a la responsabilidad del sistema penitenciario de velar por la vida y salud del interno.

Metas alcanzadas a través de este proyecto han sido la rehabilitación y equipamiento de clínicas médicas en varios centros penitenciarios, así como la implementación de proyectos educativos, de rehabilitación y capacitación, orientados a la resocialización del detenido.

Un logro concreto de este convenio fue la reciente inauguración, a un costo de nueve mil quinientos balboas, de la Clínica Médica del Centro de Detención de Tinajitas; la cual cuenta con una sala de observación, tres camas, sillas de ruedas, un área de atención de urgencias y cirugía menor, área de consulta médica y odontológica, enfermería, medicamentos y todos los equipos necesarios para brindar a la población penal del centro la atención primaria.

El personal médico de la clínica lo componente una enfermera, dos paramédicos, quienes son permanentes y un doctor que atiende las consultas dos veces a la semana. Adicionalmente dos especialistas, un dermatólogo y un odontólogo, apoyan también en la atención de los internos.

Al respecto, el Ministro de Gobierno y Justicia, Rapul Montenegro Diviazo, dijo durante la inauguración de la clínica: "Son pasos que en estos cuatro años hemos venido avanzado en el mejoramiento del sistema penitenciario panameño. Hoy día en este Centro de Detención de Tinajitas hay una clasificación de los detenidos y con la instalación de esta clínica se les va a poder brindar la atención médica necesaria de manera que, este grupo de panameños, que tienen que pagar una pena a la sociedad porque han cometido un delito, se les brinde la atención que requieren".

Cabe destacar que la Región de Salud de San Miguelito, del Ministerio de Salud, contribuye al buen desenvolvimiento de las gestiones de la Clínica del Centro de Detención de Tinajitas, pues se encargan de realizar los exámenes de laboratorios y donar medicamentos periódicamente.

Para la Directora Nacional de Corrección, Marta Stanziola de Rincón, desde el momento en que hay una clínica con todas las comodidades y con todos los requerimientos sanitarios que existe una atención clínica, se podrá cubrir al cien por ciento las necesidades básicas de tipo médico que se puedan presentarse en el centro, por ejemplo, las camas van a permitir efectuar hospitalizaciones para casos de aislamiento de enfermos con afecciones infectocontagiosas, que no son enfermedades graves, pero es necesario aislar al enfermo para evitar que contagie a otros internos.

Se tiene proyectado, para finales del presente año, haber reforzado las facilidades médicas de otros centros penitenciarios del país, principalmente aquellos de mayor población penal, como lo son La Joya y La Joyita.

Este tipo de iniciativas, como lo son el Proyecto de Asistencia de Ejecución de Penas y Rehabilitación de Recluso, que requiere al trabajo conjunto y coordinado entre el Estado, organismos internacionales y gobiernos extranjeros, son las alternativas viables para la solución de problemas, que si bien es cierto no afectan a una gran cantidad de personas, sí beneficia a toda una población penitenciaria y a las familias de éstos. La salud, es un derecho irrevocable del ser humano. La privación de la libertad no impide al individuo a que merezca una atención médica.


 

 

 



 

Ante la escasez de fondos se hace necesario que el Estado encuentre los recursos económicos para cumplir el deber adquirido por mandato constitucional, en el artículo 28 de la Carta Magna que dice, "El sistema penitenciario se fundamenta en los principios de seguridad, rehabilitación y defensa social".

 

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