La Fiscalía Undécima de Circuito Penal trata de establecer si la empresa Ocean Pollution Control (OCP) tenía la autorización para operar en terrenos de Corozal, que pertenecen al Ministerio de Economía y Finanzas.
Aún falta una fase de inspección ocular en los terrenos donde hubo un derrame de combustible, y en donde se trata de conocer si tuvo afectación al medio ambiente y a un área de manglares que hay en el sitio.
