sábado 20 de octubre de 2007

 

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  EL MUNDO

COLOMBIA: ACUERDO COLOMBIANO FACILITARA PROCESOS DE PAZ
Uribe pide levantar reserva

Colombia | EFE

El presidente de Colombia, �lvaro Uribe, pidió levantar una reserva que impide que la Corte Penal Internacional (CPI) juzgue antes de 2009 los crímenes de lesa humanidad cometidos en el país .

"He pensado que debe abrirse en Colombia la discusión si esperamos hasta el año 2009 o se levanta la reserva que el país hizo ante la Corte Penal Internacional", manifestó Uribe en unas declaraciones en una reunión de magistrados en Cali.

La declaración coincidió con las sesiones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en Bogotá, presididas por el juez argentino Luis Moreno, que se entrevistó con Uribe.

Colombia ratificó en el 2002 el Estatuto de Roma, que establece la CPI, pero decidió restringir por los siete años siguientes la competencia de ese tribunal supranacional para juzgar las violaciones al Derecho Internacional Humanitario (DIH) cometidas por colombianos o en territorio colombiano.

Ratificación que trajo nuevas esperanzas para las víctimas del conflicto armado en Colombia.

La salvedad de Colombia a la competencia de la CPI se acordó entre Uribe y su predecesor, Andrés Pastrana (1998-2002), para facilitar posibles procesos de paz con grupos alzados en armas.

Dicha reserva impide a la CPI juzgar a los miembros de grupos alzados en armas por secuestro, tortura, asesinato a combatientes indefensos, atacar misiones médicas o reclutar menores de edad, entre otras conductas lesivas del DIH.

"Yo pienso que es la hora de plantear ese debate", insistió Uribe y señaló que ello debe hacerse "con el buen cuidado de aplicárselo muy bien a los soldados y policías de la Patria, a quienes les tenemos que dar todo el apoyo".

La CPI tiene jurisdicción sobre actores estatales y no estatales, tales como grupos rebeldes y organizaciones paramilitares de los países que ratificaron el Estatuto.

ESTATUTO: VIGENCIA 2002
El Estatuto de la Corte Penal Internacional entró en vigencia el 1 de julio de ese año.Este organismo investiga y procesa a individuos acusados crímenes contra la humanidad.



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