Hoy se conmemoran dos años de la tragedia que cobró la vida a 18 panameños que murieron calcinados a bordo del autobús 8B-06. Las investigaciones concluyeron con una condena de 40 meses de prisión tanto para el conductor como al dueño del transporte público: los hermanos Próspero y Ariel Ortega.
La sentencia proferida en mayo fue apelada por los familiares de las víctimas ante el Segundo Tribunal Superior de Justicia.
Sin embargo, la responsabilidad no es sólo del chofer y el dueño. Se trata del fracaso de todo un sistema de transporte y de las autoridades designadas para vigilar la operación de las líneas de autobuses
Dos años después, nada o poco son los avances para modernizar el transporte, salvo las responsabilidades penales.
En materia de transporte, se aprobó una ley en que lo único novedoso es permitir que compañías extranjeras y nacionales puedan incursionar en el negocio del servicio de traslado de pasajeros.
Aparte, se han generado una serie de negocios: se elevó el costo de las boletas por infracciones de tránsito y se introdujo un nuevo sistema de licencias que duplicó su costo. Poco se reforzó la labor de prevención e inspección que debe realizar la Autoridad del Tránsito para garantizar que los autobuses presenten adecuadas condiciones mecánicas.
El proyecto del Transmóvil se ha quedado en seminarios para corregir a conductores muchas veces incorregibles a quienes se les paga por acudir a esas clases, mientras que los familiares de las víctimas no reciben ninguna indemnización.
Lo del Transmóvil lo único novedoso es traer 420 autobuses nuevos para reemplazar a los "diablos rojos", pero que al final serán conducidos por los mismos transportistas irresponsables.
A quienes perdieron a seres queridos en el incendio del autobús 8B-06, nuestras expresiones de solidaridad. Ojalá que mucha gente envuelta en el tema del transporte no sea tan indolente y hagan un esfuerzo por mejorar las condiciones en que diariamente viajan miles de panameños que abordan los "diablos rojos".