La corrupción del Sistema Judicial y Penitenciario de Camboya se ha convertido en una pena añadida a la condena por tráfico de drogas que cumplen seis presos latinoamericanos en el país asiático.
Los peruanos Eduardo Rosales, Cristian Romero, Heder Martel, Silvia Gómez y Rodolfo Otero; y el ecuatoriano José Alfonso Picuasi cumplen penas de entre 5 y 20 años de prisión desde 2006.
Tras pasar por un proceso judicial con escasas garantías, sufren las pésimas condiciones de las cárceles camboyanas, en las que se ven obligados a sobornar a los guardas para tener acceso a agua o comida e, incluso, para poder salir de la celda.
Las irregularidades en la Justicia camboyana se hacen presentes desde el momento mismo de la detención.
�ste fue el caso de Rodolfo Otero, condenado a 20 años de cárcel pese a ser el único de los seis procesados al que la Policía camboyana no encontró ningún rastro de droga, según su letrado.
"Le obligaron a firmar un documento escrito en lengua jemer sin comprender lo que allí ponía ni tener la asistencia de un abogado", explicó la madre del joven, Felicia Farias, quien, poco después de la detención se desplazó a Camboya para asistir a su hijo.
Las confesiones escritas, obtenidas a veces bajo coacción, "acostumbran a ser las únicas pruebas" contra unos presos que se ven forzados a firmar declaraciones sin conocer su contenido ni disponer de asistencia legal, según reconoce el último informe sobre la situación de los derechos humanos en Camboya del Departamento de Estado de EEUU.
CONDENAS 20 A�OS
Según el nuevo abogado de Rodolfo, facilitado por una ONG, la condena de 20 años que pesa sobre Otero es superior a la prevista por el código penal camboyano, que para estos casos estipula condenas de entre 5 y 10 años.
"El tráfico de drogas al por mayor en Camboya está en manos de gente vinculada al Gobierno, la Policía o el Ejercito. Pero a éstos nunca se les detiene", concluyó la fuente.
