ABRACADABRA
"Plan de gobierno (II)"
"No podemos entrar al siglo XXI con la Constitución
defectuosa y autoritaria que nos legaron los militares y el PRD"
Carlos Guevara Mann
Sigo hoy con el planteamiento
de ideas para el plan de gobierno de la Unión por Panamá,
planteamiento iniciado el martes, cuando abordé el tema económico.
Hoy trataremos el aspecto político, en base a las siguientes propuestas:
No podemos entrar al siglo XXI con la Constitución defectuosa
y autoritaria que nos legaron los militares y el PRD. Es urgente que los
panameños nos demos una Constitución nueva - democrática
y moderna - que satisfaga nuestras necesidades políticas y jurídicas.
Para ello, la oposición debe comprometerse a convocar una Asamblea
Constituyente, elegida de acuerdo con criterios democráticos, que
permitan la más amplia participación posible. El texto constitucional
que dicte esta Asamblea debe contemplar, además de otros muy importantes,
los siguientes asuntos:
La modernización y ordenamiento del Título III, sobre derechos
y deberes individuales y sociales, de forma tal que se descarten las disposiciones
autoritarias actualmente vigentes (por ejemplo, el Art. 33) y se incorporen
las nuevas tendencias mundiales en materia de derechos humanos.
La vuelta a los períodos presidenciales, legislativos y municipales
de cuatro años (en vez de cinco), para permitir a la ciudadanía
un control más frecuente sobre sus gobernantes y representantes.
La reforma del Organo Legislativo para que supere su actual incompetencia
y corrupción, y logre cumplir, efectivamente, su función representativa.
Esta reforma debe tomar en cuenta lo siguiente:
1. El cambio del nombre de la corporación, de "Asamblea Legislativa"
a "Asamblea Nacional", como se la conocía antes, al igual
que el de sus integrantes, de "legisladores" (término introducido
por los ideólogos de la dictadura) a "diputados" (como
tradicionalmente se llamaron), para reflejar la naturaleza amplia de la
función legisladora, fiscalizadora, representativa y defensora de
los derechos de la colectividad, que es la razón de ser de este cuerpo.
2. La vuelta al sistema de representación por provincias (y comarcas
indígenas) y la introducción de diputaciones nacionales, para
asegurar el cumplimiento del doble objetivo de representatividad y proporcionalidad,
y al mismo tiempo procurar elevar la capacidad intelectual de los miembros
de la cámara.
3. La fijación del número total de diputados en una cifra
determinada (cincuenta, por ejemplo: cuarenta diputados provinciales y diez
nacionales), suficiente para garantizar la representatividad de la población,
pero no excesiva, para no dificultar los debates y el logro de decisiones
por consenso. Esto con el fin urgente evitar el aumento del número
de diputados (que constituye una carga sumamente onerosa para el Estado)
cada diez años. Para garantizar el importante elemento de representatividad
y dignificar el sector rural, debe establecerse en uno (1) el número
mínimo de diputados que elijan las provincias y comarcas indígenas.
4. La revisión cuidadosa del sistema de asignación de curules,
para que - en conjunto con el aumento de la magnitud de las circunscripciones
- se propenda a una mayor proporcionalidad. Es éste el principio
justo que debe inspirar la constitución de la Asamblea, y no la desproporcionalidad
extrema y anti democrática que actualmente impera.
5. El aumento de las medidas de control de la Asamblea sobre el Ejecutivo,
específicamente en lo que respecta a la preparación del Presupuesto
General del Estado y la confirmación y censura de ministros de Estado,
embajadores y directores de entidades autónomas, con el fin de proteger
los derechos y libertades de la ciudadanía y fomentar el bienestar
de la sociedad.
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