EDITORIAL
Contra la privatización del agua
Hoy, al llamado de organizaciones
gremiales y cívicas la colectividad panameña marchará
en protesta contra la privatización del Instituto de Acueductos y
Alcantarillados Nacionales (IDAAN), dejando sentado que tales actos privatizadores
son un disparate, un equívoco, en el sentir popular.
El agua, que en nuestro país es abundantísima, constituye
elemento básico para la conservación y desenvolvimiento de
la vida social y natural; en el acontecer panameño, es el principal
soporte de los esclusajes canaleros que trasladan quince mil barcos anualmente
de uno a otro mar, generando divisas y ofertando empleos en el camino del
desarrollo económico patrio.
El instituto del agua panameña tiene treinta y siete años
de existencia; las deficiencias acumuladas y las imprevisiones renovadoras
que se arguyen para justificar la entrega a empresarios privados son resultado
de las administraciones sucesivas que fueron incapaces de programar y planear
con certera prospectiva el rumbo de la entidad; responsabilidad que envuelve
los veintiún años de mando férreo de la dictadura militar
y su amanuense sumiso, el perredé.
Resulta grosero al sentir generalizado del panameño que Panamá,
la verde, como dijera Vicente Blasco Ibañez, a su paso por nuestro
país, sufra carencias hídricas, y deba someterse a los rigores
mercantilistas de los que embotellan agua y la comercializan.
La experiencia privatizadora de la empresa telefónica INTEL se
traduce en incrementos ciertos de la cuenta mensual, y la queja multiplicada
de usuarios ofendidos; circunstancias que permiten recordar el ibérico
refrán que reza "cuando veas arder las bardas de tu vecino,
pon las tuyas en remojo". Es sentimiento popular que entregar el acueducto
y el alcantillado a intereses empresariales encarecerá los servicios,
y el desprotegido usuario panameño, soportará incrementos,
alzas y costos ofensivos al presupuesto familiar.
La marcha de hoy debe contar con la asistencia multitudinaria de los
vecinos que rubriquen claramente la negativa a tales manejos privatizadores,
y con ella decirle a los funcionarios ideólogos de la medida que
ésta no será aceptada, y recibirá la oposición
decidida que la llevará al fracaso.
Si las autoridades de mando y decisión son capaces para gestionar
préstamos y donaciones dirigidas a solucionar situaciones de menor
importancia pública, bien pudieran dirigir esfuerzos para negociar
la modernización de las redes hídricas y de aguas servidas;
así como adoptar las medidas idóneas efectivas que impidan
el fraude y el derroche del vital líquido.
El régimen perredé debe entender que frente a la privatización
del agua, la decisión popular es NO, y el pueblo es el soberano en
las democracias, y debe ser oído.
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