Unos 90 mil niños y adolescentes trabajan y son víctimas de explotación sexual y el trasiego de drogas en Panamá. Ante esta realidad, la Defensoría del Pueblo, conjuntamente con organizaciones civiles, instalaron ayer el Observatorio de Niñez y Adolescencia.
Con este observatorio las organizaciones no gubernamentales, clubes cívicos y la Iglesia pretenden evaluar la situación actual de los niños y adolescentes que laboran en el país y presentarle al Gobierno los resultados para hacerles las debidas recomendaciones de formular políticas públicas que garanticen y protejan los derechos de la niñez panameña.
El defensor del Pueblo, Ricardo Vargas, manifestó que actualmente existe un observatorio sobre violencia de género en esta institución.
En tanto afirmó que el próximo año llevarán a la Asamblea Nacional un anteproyecto de ley que penalice el femicidio.
