El ataque a tiros que sufrió el 17 de octubre de 2008 una venezolana de 44 años en el sector de Carrasquilla por presuntos miembros de la pandilla Matar o Morir, parece estar ligada a un escándalo que envuelve a Venezuela, Cuba y Estados Unidos, según destaca un reportaje de la autoría de Gerardo Reyes, publicado ayer en El Nuevo Herald.
El viernes 17 de octubre del 2008 a las 10 a.m. en el sector de Carrasquilla, una mujer que conducía un vehículo Mazda blanco fue interceptada por otra que le disparó 15 veces. La mujer sobrevivió. Ocho balas hicieron impacto en su cuerpo. Una entró por la sien y salió por el párpado dejándola ciega del ojo izquierdo.
Según testigos, la agresora, fue una mujer de tez negra que iba en compañía de un hombre, que rebasó el auto donde viajaba la mujer de 44 años y una adolescente de 17.
El atentado se convirtió en un nuevo embrollo para la ya complicada vida pública del empresario venezolano Ricardo Fernández Barruecos, hoy preso en Caracas por fraude bancario, señala el diario.
Según El Nuevo Herald, la víctima era la esposa de Luis Castro, un ex consultor de seguridad de las empresas de Fernández en Panamá, quien se había marchado el año anterior por una serie de discrepancias con los propietarios y algunos directivos.
A los cuatro días del atentado, Castro se presentó en la fiscalía auxiliar de Panamá y pidió que fueran investigados Fernández, sus hermanos Felipe y Gustavo, y otros empleados y directivos de la empresa.
Si bien la declaración de Castro no contiene un señalamiento definitivo que comprometa a Fernández ni a los demás en el atentado, el documento puso al descubierto aspectos inéditos y sorprendentes de la compañía así como de la personalidad y el pasado del empresario.
Entre ellos: las conexiones con el gobierno de Cuba, las tempestuosas relaciones con Pedro Luis Martín Olivares, un oscuro ex funcionario de la Dirección de los Servicios de Inteligencia y Prevención de Venezuela (DISIP) y las tensas rencillas familiares de los Fernández Barruecos.
En numerosas entrevistas, Castro, quien ahora reside en Miami, amplió a El Nuevo Herald las impresiones que recogió durante su corto paso por la firma atunera Fextún en Panamá, controlada por Fernández, un empresario venezolano-español de 44 años, quien también es dueño de un astillero en Vacamonte.
Castro dijo que supo de las conexiones de Fernández con Cuba a raíz de una conversación informal en la oficina de éste en Panamá. Estaban también presentes Luis Javier Magallanes y Arturo Rodríguez, empleados de seguridad de la organización en Venezuela.
Magallanes cometió la imprudencia de preguntar por 28 vehículos marca BMW que habían sido enviados a Cuba desde un puerto venezolano, recordó Castro.
"Fernández lo miró como diciéndole: "�Y cómo es que este estúpido se atreve a tocar este tema", comentó Castro.
Visiblemente incómodo, Fernández explicó que los automóviles fueron enviados para congraciarse con el gobierno cubano, agregó Castro.
Cuando fue contratado en septiembre del 2007, Castro se desempeñaba como consultor de seguridad de empresas y mantenía estrechos lazos con funcionarios federales de Estados Unidos por diversas operaciones conjuntas que realizó en Venezuela en su calidad de especialista en el área de terminales marítimas y aéreas.
La gerencia de Fextún asignó a Castro, un ex detective de 43 años, la seguridad de la compañía para evitar que los buques atuneros fueran usados para trasiego de drogas o personas. Su esposa fue contratada como asistente de la gerencia.
Pero quizás en lo que sus nuevos patronos le hicieron mayor hincapié fue en investigar los movimientos de Martín, ex director de inteligencia financiera de la DISIP.
Martín y Fernández habían tenido un altercado por un negocio cuyos detalles Castro ignora. Aparentemente, Fernández le debía dinero a Martín, dijo.
Fernández pensaba que Martín estaba empeñado en arruinar su reputación. Para ello utilizaba su poder en los organismos de inteligencia de Venezuela y el acceso que tenía a un agente del Buró de Investigaciones (FBI) en la embajada de Estados Unidos en Caracas.
También sospechaba que Martín había pasado información falsa al gobierno de Estados Unidos sobre una supuesta utilización del avión ejecutivo de su propiedad para introducir drogas a este país.
Agentes de la Administración Antinarcóticos de Estados Unidos (DEA) confiscaron el avión en mayo del 2007 en Fort Lauderdale.
Investigaciones posteriores realizadas por consultores de Fernández hallaron que el plan original de sus enemigos era plantar droga en el avión. El ardid no resultó porque la aeronave no hizo escala en la ciudad venezolana donde se le cargarían dos kilos de cocaína.
Con el paso del tiempo, Castro entendió las dimensiones de la guerra que supuestamente libraba Martín contra Fernández. En un viaje a la planta Propesca, empresa del conglomerado en Manta, Ecuador, se enteró de nuevos detalles.
Allí, recordó Castro, recibió un dossier que había sido interceptado a Martín y que se refería a actividades presuntamente ilegales de Fernández.
Castro mostró a El Nuevo Herald el expediente que presuntamente Martín preparaba para desacreditar a Fernández.
Entre los documentos, Martín informa de una supuesta investigación por lavado de dinero de las empresas de Fernández a través de la compraventa de bonos de deuda pública (conocidos como Bonos del Sur) y de la estatal petrolera PDVSA; hay registros migratorios de Fernández desde 1974 hasta el 2007 y tarjetas de identificación dactilar.
"A mí me pusieron a investigar las relaciones de Martín Olivares y Hugo Carvajal, las operaciones en Panamá, y si ellos estaban teniendo entradas a Colombia o Ecuador", indicó Castro.
También pensaban que Castro estaba detrás de informaciones relacionadas con la financiación de Fernández de la campaña de la candidata presidencial panameña Balbina Herrera este año.
