El mandatario Martín Torrijos descartó la nacionalización de las empresas de energía eléctrica y advirtió que el Estado hará uso del peso que tiene el 49% de sus acciones en esas compañías, para que los aumentos de las tarifas no afecten directamente al consumidor.
Torrijos sostuvo que recomprar las acciones vendidas en las empresas privatizadas es casi imposible, pues se requeriría de grandes sumas de dinero con las que no cuenta el Estado.
Sobre la publicación del estado financiero de las empresas eléctricas, el Presidente dijo que se reflejan ganancias reales, sacando de dudas rumores de posibles "maquillajes" para ocultar las verdaderas cuentas.
Torrijos se comprometió a revisar el proceso de estructuración tarifaria y normas regulatorias, de manera que todos los sectores estén conscientes que cuando se haga un aumento se hará de manera justa.
"Lo importante es reestructurar y lograr regresar a unas normas donde se le den garantías a los consumidores de que no se esté abusando dentro de la estructura tarifaria de costos adicionales que se estén dando, nosotros tenemos acciones en las compañías y vamos a hacer valer el peso dentro de la administración".
El gobernante manifestó que los poderes extraordinarios lo faculta para hacer esta revisión y al mismo tiempo crear un nuevo Ente Regulador de los Servicios Públicos que tenga la capacidad de corregir distorsiones dentro del mercado.
"Nosotros suspendimos la acción de aumento para que pudiéramos verificar que se ha hecho todo a nuestro alcance, de forma tal que si se tiene que dar aumentos producto de los nuevos costos del petróleo, (esas alzas deben ser) justas y que no formen parte de un subterfugio y los aumentos sean más de los que deben ser", declaró Torrijos Espino.
Manifestó que estos cambios se harán para desaparecer la percepción, preocupación y sentimiento de impotencia ante lo que pareciera ser una acción de los actores del mercado energético que de alguna forma han flexibilizado normas a su favor.
Por otra parte el presidente Martín Torrijos Espino se comprometió a ordenar investigaciones sobre supuestos violación de los derechos humanos de reclusos, asegurando que de comprobarse la existencia de exceso de fuerza policial se procederá a sancionar al personal responsable.
