En una inspección realizada en las cárceles La Joya y La Joyita por la Defensoría del Pueblo y la Autoridad de Protección al Consumidor y Defensa de la Competencia, se detectaron productos sin fecha de vencimiento ni registro sanitario, pesas alteradas, falta de precios a la vista, entre otras anomalías.
Al respecto, el Ombudsman sostuvo que el posible consumo de productos vencidos pueden acarrear afectaciones a la salud. Señaló que es necesario que los arrendatarios de estos establecimientos cumplan los procedimientos y estándares que garanticen los derechos de la población privada de libertad.
