El estado de California canceló de manera indefinida la ejecución de Michael Morales tras notificar que no podía cumplir con la exigencia judicial de que se llevara a cabo con la presencia de personal médico.
La ejecución del preso de 46 años, inicialmente prevista para un minuto después de la medianoche del lunes, provocó una campaña sin precedentes de apelaciones de último minuto que sacaron una vez más a la luz las dudas sobre la condena y su manera de aplicarla.
Se trata de un debate en el que la profesión médica ha cobrado nuevo protagonismo.
Las autoridades de la prisión de San Quintín (en la bahía de San Francisco) donde se encuentra encarcelado Morales, pospusieron la ejecución inicialmente en vista de la negativa de los anestesistas a participar por razones de ética médica.
Mientras tanto, las principales asociaciones médicas y de anestesistas de California y del resto de EE.UU. mostraron su oposición a que el personal sanitario se encargue de suministrar la mezcla mortal de productos.
Hasta ahora, la mezcla letal había sido administrada por una "mano invisible" a través de un tubo intravenoso en una habitación contigua a la cámara de ejecuciones de la prisión.
Sin embargo, la defensa legal del reo interpuso varios recursos bajo el argumento de que este método de ejecución es desusadamente cruel y, por lo tanto, va en contra de la Constitución.
El juez de San José al que recurrió la defensa, Jeremy Fogel, dio en parte la razón a los abogados.
Fogel expresó preocupación debido a que dos de los tres productos químicos que usa California a veces tardan varios minutos en hacer efecto y parar el corazón del condenado, algo que trató de remediar con la presencia de personal médico en la sala.
Fogel, el juez federal que estableció las directrices para el nuevo protocolo, tiene previsto celebrar una audiencia para aclarar la cuestión el 1 de mayo, por lo que, salvo otro giro legal, la ejecución quedará aplazada hasta ese mes.
Morales fue condenado a muerte en 1983 por asesinar a una joven de 17 años en 1981.
