Llegó la hora de meter en
cintura a los transportistas con nueva ley
Redacción
Crítica en Línea
Anoche se inició el
controversial debate de la Ley del Transporte. El temor de los usuarios
es el mismo de siempre: ¿Aumentarán el pasaje? Edgardo "Galo"
Alvarez, legislador que preside la comisión legislativa encargada
de este proyecto en primer debate, asegura que no. ¿Será verdad?
Lo cierto es que la ley ya está en discusión y es muy posible
(con los señores legisladores nunca se sabe) que no haya marcha atrás.
Tal vez el aspecto más interesante de esta iniciativa, llevada
a la Asamblea por la ministra de Gobierno y Justicia, Mariela Sagel, es
el Artículo 44, que reforma el 57 de la antigua Ley 14 y que a la
letra dice: "Para todos los efectos legales, se reputa como relación
de trabajo el servicio personal que presta un conductor a un concesionario
o transportista, basado en acuerdos o contratos de alquiler de vehículos
a conductores, en condiciones de subordinación jurídica y
dependencia económica. Igualmente se presumirá la existencia
de la relación de trabajo, cuando el conductor que preste el servicio
no aparezca inscrito como titular de un vehículo en el Registro de
Transporte Público".
¿QUE SIGNIFICA ESTO?
Que los dueños de buses deben pagarle un salario fijo a los buseros,
así como el Seguro Social y todo lo que se le da a un obrero común
y corriente.
También significa que las piqueras (concesionarios de ruta o línea)
deben convertirse en empresas privadas, con una planilla de conductores
que son sus empleados, y a quienes les pagarán un salario.
Actualmente el busero sale a la calle como el diablo adentro porque está
obligado a conseguir no menos de ochenta balboas diarios para el dueño
del bus. Además, debe entregar cada noche el vehículo con
el tanque de diesel lleno, y lavado. Esto lo convierte en un asesino en
potencia, porque no importa nada más que conseguir ese dinero. Lo
que sobra es para él. No hablamos de mucho, tal vez veinte balboas
diarios o menos.
Si se aprueba la Ley, estos "asesinos" no laborarán
más de ocho horas diarias, estarán uniformados, y los usuarios
tendrán una empresa ante la cual quejarse por los malos tratos.
También es muy seguro (y el gobierno puede quitar los cupos y
hasta eliminar rutas si no es así) que ningún bus salga de
su piquera si no está asegurado. El significado de esto es importante:
todos los pasajeros cobrarán en caso de accidentes en los que salgan
heridos, y las personas que fallecen bajo las ruedas de los "diablos
rojos" recibirán indemnización.
Si las autoridades detienen un bus y descubren que no está asegurado,
los pasajeros podrían ser advertidos de la situación, y bajados
inmediatamente.
Claro que la ley tiene su puntos oscuros, que hay que aclarar en este
segundo debate. Por ejemplo, los poderes casi divinos que tendría
el director ejecutivo de la Autoridad del Transporte, (que más bien
debiera dársele el rango de ministerio, debido a la magnitud del
problema), y el presupuesto que se le debe asignar a la nueva instancia
para que pueda funcionar; memorables son las instituciones que se han creado
mediante ley, y que después no pueden dar un paso porque no le asignan
las partidas.
La ley fue presentada a la consideración de la Asamblea Legislativa
el 30 de diciembre del año pasado, y durante los primeros meses de
este año se le dio el primer debate.
Ahora, faltando 6 semanas para las elecciones del 2 de mayo, comienza
el segundo debate, con la advertencia que se le ha de dar "urgencia
notoria", porque el asunto del transporte de pasajeros ya no hay quienes
lo soporten.
Si no se aprueba a estas alturas, después de las elecciones nadie
podrá aprobarla porque los legisladores, la mayoría de los
cuales no se reelegirán, no irán a trabajar.
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