El ex presidente Guillermo Endara reiteró que una escuela militar en Panamá, "es total y radicalmente inconstitucional", al tiempo que consideró que el canciller Samuel Lewis Navarro, se equivoca rotundamente en sus declaraciones, "ya que cree que todos somos idiotas y él la suma inteligencia".
Endara respondió al ministro de Relaciones Exteriores, quien a través de los medios locales, justificó la creación en Panamá de una escuela militar a nivel secundario, siempre y cuando ésta se ciña a un pénsum académico sin vínculo con la milicia.
Lewis Navarro manifestó que se ha tergiversado la solicitud del director de la Policía, Gustavo Pérez, y que el propio ex presidente Endara, quien es el principal opositor a la creación de esta academia, se graduó en una escuela con las mismas características que la que se piensa instituir en Panamá.
En tanto Endara, dijo haber estudiado en una auténtica "escuela militar" toda la secundaria, incluso se graduó con el segundo grado militar más alto y en donde asistió a cursos denominados Ciencia Militar, bajo el principio de la total sujeción de los militares al poder y órdenes de civil elegidos por el pueblo.
"Nada de esto justifica una escuela militar en Panamá aunque sea idéntica, con los mismos profesores y materias a la escuela que pertenecí, por lo que el Canciller se equivoca cuando trato de justificar lo inconstitucional e ilegal sólo por el hecho de mi educación secundaria", aclaró Endara.
"�Basta de sofismas, señor Canciller!. No todos somos idiotas y usted la suprema inteligencia", aseguró Endara, quien añadió que EU, como potencia mundial tiene un ejército y "la escuela militar a la que asistí era perfectamente legal en ese país, pero esa misma escuela, aunque el señor Canciller -como ser superior piense lo contrario- sería inconstitucional e ilegal en Panamá".
Subrayó Endara que a diferencia de EU, Panamá no tiene ejercito, y le esta prohibido tenerlo tal como lo establece el artículo 310 de la Constitución, y por eso que la escuela militar propuesta por el actual director de la Policía, ya sea a título personal, del Gobierno, o como sea, es total y radicalmente inconstitucional.