Presidente venezolano da ultimátum
al Congreso
Caracas
REUTERS
El presidente de Venezuela,
Hugo Chávez, dio el viernes un ultimátum al Congreso para
que amplíe sus poderes o declarará un estado de emergencia
con el que gobernará por decreto.
"O me dan la Ley Habilitante como quiero, o decreto la emergencia
nacional y quedan pocos días para ello", dijo Chávez
durante un discurso en la Academia Militar de Venezuela.
La llamada Ley Habilitante es un proyecto por el cual Chávez pidió
al Congreso poderes para adoptar por decreto medidas destinadas a enfrentar
la crisis que azota a Venezuela.
Las medidas incluirían reformas fiscales, presupuestarias, sociales
y en el ámbito económico.
Opositores a Chávez dicen que si el presidente declara una emergencia
nacional el Poder Legislativo quedaría prácticamente sin funciones,
pues prácticamente gobernaría mediante decretos.
Pero hasta ahora Chávez, un militar retirado que esgrime un discurso
de hondo contenido social, no ha especificado los alcances de la eventual
emergencia, ni si conllevará una suspensión de las garantías
constitucionales.
"El país se hunde y ésta es una responsabilidad que
me dieron millones de venezolanos y yo la voy a asumir hasta sus últimas
consecuencias", dijo el mandatario ante un grupo de oficiales y cadetes
en un encendido discurso.
Un explosivo ajedrez político se planteó esta semana en
Venezuela, al exigir el presidente Hugo Chávez al Congreso plenos
poderes especiales para encarar la crisis económica, y la resistencia
de una oposición que le advierte que no decrete estado de emergencia
si no quiere complicar el referéndum constituyente programado para
el 25 de abril.
La asamblea constituyente se convirtió en la principal oferta
electoral de Chávez, quien propugna una "revolución democrática
bolivariana" e insiste en que la constituyente será la plataforma
para transformar de raíz el poder en Venezuela y eliminar el cáncer
de la corrupción.
El joven presidente de 44 años, que como teniente coronel del
ejército encabezó la rebelión militar del 4 de febrero
de 1992, propugna una constituyente "plenipotenciaria" con poderes
para remover al Congreso, reformar el poder Judicial, modificar lapsos de
mandatos y aún contener referendos revocatorios de mandatos públicos.
Con esta propuesta, Chávez, en el poder desde el 2 de febrero
tras ganar las elecciones a toda la clase política con más
del 56% de los votos, arrinconó a sus adversarios que no encontraban
salidas hasta que al mandatario no le quedó más remedio que
pedir poderes especiales al Congreso para legislar por decreto en materia
económica para encarar la grave situación del país.
Con un déficit fiscal de 9% (9.000 millones de dólares)
del Producto Interno Bruto (PIB) por la severa baja de los precios petroleros
desde fines de 1997, analistas concuerdan en que Venezuela se ha convertido
en un polvorín social al cernirse la pobreza sobre el 80% de sus
23 millones de habitantes, y crecer el desempleo del 12 al 15% de los nueve
millones que conforman la fuerza económica activa, la mitad de los
cuáles están subempleados.
Estos poderes especiales, mediante una "ley habilitante" aprobada
por el Congreso, ha sido la fórmula de los gobernantes venezolanos
en los últimos 40 años para encarar las dificultades económicas
de la nación.
Chávez presentó un conjunto de leyes financieras, tributarias,
de nuevos endeudamientos externos, aduanera, concesiones de obras públicas,
para posibilitar la fusión y redimensionamiento de ministerios, e
instrumentos sociales.
El 25 de marzo, al prolongarse los debates en el Congreso en torno a
la "habilitante", en mensaje a la nación, el mandatario
criticó a los congresistas, aseverando que cada minuto de sus deliberaciones
le costaba a la nación dos millones de bolívares en tributos
sin cobrar.
En las 48 horas siguientes el Congreso aprobó la "habilitante"
y sus voceros aseguraron que habían otorgado al presidente el 80%
de los poderes especiales que pidió, pero la noche del último
martes, en sorpresiva rueda de prensa, Chávez anunció que
devolvía al Congreso el instrumento, al que calificó de "limitante"
y "camisa de fuerza", subrayando que a ninguno de sus predecesores
se le había puesto en tal situación.
Entonces deslizó que entre sus atribuciones constitucionales figura
el declarar el estado de emergencia, previsto en la Carta Magna para casos
de conflictos externos y convulsión interna.
No obstante, Chávez y sus ministros evitan toda confrontación
frontal con la oposición socialdemócrata, democristiana y
conservadora emergente, que en principio aseveró que no le concederían
mayores poderes especiales.
El jueves, en encuentro con corresponsales extranjeros, el joven presidente
de la Cámara de Diputados y vicepresidente del Congreso, el democristiano
Enrique Capriles, soltó la clave política del enfrascamiento:
si Chávez decreta la emergencia, se verá obligado a suspender
garantías constitucionales lo que inhabilitaría el referéndum
constituyente programado para el 25 de abril.
Para diversos analistas, en medio del desgaste político de Chávez,
aún sumamente popular, la oposición encontró un medio
para negociar su supervivencia ante la anunciada ola de transformaciones
que se avecina, bajo la premisa del presidente de redimensionar a la clase
política tradicional, y acabar con su presencia omnímoda en
la vida de la nación.
Los observadores concuerdan en que el presidente se encuentra, a 46 días
de asumir el poder, en una verdadera encrucijada: las convulsiones sociales
empiezan a asomarse, en especial en la zona petrolera nororiental por la
desocupación del sector ante las restricciones de producción
(hasta 650.000 barriles por día desde este 1 de abril).
Además, a partir del 1 de mayo empezará a regir un incremento
salarial del 20% en el sector público (1,3 millones), pese a lo cual
la central obrera dominada por los socialdemócratas anunció
presiones, incluso con movilizaciones callejeras, para negociar contratos
colectivos.
Con su postura de no-represión, Chávez intenta ahora maniobrar
con su "muñeca izquierda": asevera que existe el 99% de
probabilidades de declarar la emergencia si el Congreso no le otorga plenos
poderes especiales, pero abre resquicios al entendimiento, aseverando que
existen señales del otro lado en esa dirección.
Si la próxima sesión conjunta de ambas cámaras le
es adversa, aún puede apelar a la Corte Suprema de Justicia, y si
tampoco progresa en esa instancia, le queda el decreto de emergencia, que
sin duda trastocaría sus esfuerzos por mantener una imagen democrática
y de tolerancia, destacan observadores políticos.
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