Mientras la Fundación de Apoyo al Detenido denunció que hay un marcado interés en ejecutar una ley que permita al Ministerio Público poner en venta propiedades confiscadas a personas detenidas, esa dependencia lo negó y confirmó que ellos esperan la "respuesta de la consulta que sobre este aspecto se hizo a la Corte ".
Ayer, Javier Justiniani denunció que la intención de ejecutar esta ley tiene el interés de favorecer a personas cercanas al gobierno para adquirir fincas cauteladas a "supuestos narcos", a bajos precios.
Una de estas, aseguró, es la Isla Chapera del colombiano Nelson Urrego, valorada en unos 520 millones de dólares.
Dijo que la Ley 38 es el instrumento legal arbitrario aprobado por la Asamblea, y que pretende ejecutar el Ministerio Público.
Pero el Ministerio Público negó esto, y reiteró que dicha ley aún no está en ejecución.
