La ampliación del Canal de Panamá, es como el Tratado de Libre Comercio (TLC). No es una garantía de éxito o de permanente resultados positivos. Es solo una oportunidad.
Así como el buen aprovechamiento del proyecto canalero, depende de la capacidad de las empresas que liciten, también será importante, la adecuación de políticas económicas y laborales gubernamentales.
Las empresas locales deberán estar ya listas para afrontar el desafío tecnológico y la competitividad internacional que resultara inherente. Sobre todo, las relacionadas con la actividad portuaria. De hecho algunas ya se han unido para ofertar mejor sus servicios.
Al respecto, en especial los Ministerios de Trabajo y de Comercio, tendrán que tener el cuidado necesario para defender a los trabajadores panameños del diario drama que deben afrontar no solo con la segura importación de trabajadores extranjeros, sino, protegerlos de la mala ejecución de las subcontrataciones.
Será inevitable que muchas empresas deleguen en otras, parte de las tareas por realizar. Eso es entendible y lógico, pero lo malo es que no seria la primera vez, que malos subcontratistas, evadan las responsabilidades del pago de un salario justo y de los beneficios sociales de sus obreros. En esta obra tan significativa como lo es el Canal, se requiere que todos los actores de esta ampliación, tengan permanentemente como visión, dar el mayor beneficio colectivo posible.
Aunque los empresarios sean contrarios de las regulaciones, estarán conscientes que muchas veces, el gobierno debe preocuparse por implementar normas que puedan mejorar el desempeño de un pequeño mercado como el panameño.
El gobierno debe reforzar y alientar de la mejor forma, el crecimiento económico del país, pero también, debe asegurarse que vaya acompañado de un mejoramiento del bienestar social, superando las posibles figuras legales para evadir los pagos correspondientes.
