La Contraloría General de la República debe entregar un informe de auditoría donde se determine si existe o no una lesión patrimonial causada por los ex escoltas del Servicio de Protección Institucional (SPI) que custodiaron a David Murcia Guzmán.
Esa entidad es a la que le corresponde analizar los permisos y turnos de los ex miembros de la seguridad presidencial, Arles Araúz, Fernando Aguilar y Rodrigo Ureña.
El informe debe ser entregado a la Fiscalía Segunda Anticorrupción, la cual analiza la situación de los ex seguridad privados de Murcia, quienes laboraron con él en el mes de octubre de 2008 siendo miembros del SPI.
La Fiscalía pudiera descartar el peculado de uso al no encontrar pruebas que indiquen que Ureña, Araúz y Aguilar utilizaron sus armas de reglamento y sus placas del SPI para cuidar a Murcia en el Hotel Sheraton, donde pasó gran parte de su tiempo en Panamá al frente de DMG.
