A pesar del rechazo que generó la pretensión de los diputados de cobrar dos meses de salarios sin trabajar, un grupo de representantes de corregimientos han promovido una demanda ante la Corte Suprema de Justicia, para que el Estado les pague julio y agosto, a pesar de que sus mandatos concluyen el 30 de junio.
El perredista y representante por Río Abajo, Javier Ortega, reveló que los concejales de la capital se unirán a la demanda que han interpuesto ante a la Corte sus colegas de la provincia de Los Santos, a fin de lograr el pago de salarios que dejarán de percibir, luego que las reformas constitucionales les recortó el período que debió vencer el 30 de agosto.
Ortega aseguró que es un derecho legal este pago, ya que existe una credencial expedida por el Tribunal Electoral que establece que fueron electos por un período de 60 meses ó 5 años.
Advirtió que no están reclamando nada que no le pertenecen, sino lo que está establecido por la ley electoral.
