La Corte Suprema de Justicia de Estados Unidos sentenció que los sospechosos detenidos en la base naval estadounidense en la bahía de Guantánamo, Cuba, pueden llevar sus casos ante la justicia civil para cuestionar la legalidad de sus detenciones.
El veredicto representa un gran revés para el gobierno del presidente George W. Bush, que había dicho que las leyes de su país no podían aplicarse a los detenidos de Guantánamo, pues no se encuentran en territorio estadounidense.
Seis de los nueve magistrados de la Corte decidieron que los tribunales estadounidenses tienen la jurisdicción para considerar recusaciones de los prisioneros que alegan que están siendo detenidos ilegalmente y en violación a sus derechos humanos.
Además, la jurisdicción se "extiende a los extranjeros detenidos en un territorio en el que EU ejerce jurisdicción plenaria y exclusiva, pero no es el soberano último".
La sentencia no dictaminó si los detenidos son culpables o inocentes. Tampoco se tocó el tema de si han sido violados sus derechos humanos en los dos años que llevan detenidos sin juicio.
En la base de Guantánamo se encuentran detenidas unas 600 personas de 42 países diferentes.
DOS CASOS POLEMICOS
Por otra parte, la apelación ante la Suprema Corte de un "combatiente enemigo" José Padilla, presunto miembro de la red extremista Al Qaeda y sospechoso de haber intentado un ataque con una "bomba sucia", fue rechazado por vicio de procedimiento.
La Suprema Corte estimó por mayoría que Padilla, de 33 años, alias Abdula al Mujahir, capturado por la policía federal (FBI) en Chicago (Illinois) en mayo de 2002, debió presentarse ante un tribunal de Carolina del Sur y no en Nueva York.
La Corte, que no examinó el fondo del caso Padilla, señaló que no se pronunciaba tampoco sobre la autoridad del presidente de Estados Unidos para "detener militarmente" a Padilla.
Antes, en otro caso, la Suprema Corte afirmó que un estadounidense, detenido en secreto como "combatiente enemigo", podía apelar sobre el fundamento de su detención y debía poder defenderse ante un tribunal.
Esa decisión fue tomada en relación al caso de Yasser Hamdi, un estadounidense de origen saudita capturado en compañía de combatientes talibanes en Afganistán a fines de 2001.
El estatus de "combatiente enemigo" permitía hasta ahora la detención ilimitada y en secreto de individuos, sin inculpación formal, en una prisión militar.