Las reacciones en pro y en contra de las llamadas intervenciones telefónicas siguen a la orden del día, a raíz de un fallo emitido por siete de los nueve magistrados de la Corte Suprema de Justicia que declara inconstitucional esa acción.
Por un lado, el Secretario General del Ministerio Público, Rigoberto González Montenegro, señaló "que las intervenciones a las comunicaciones telefónicas tal y como lo permite la Constitución y lo establece la ley, es uno de los mecanismos de los cuales se vale el Ministerio Público para investigar delitos graves".
"Cuando hablamos de delitos graves estamos hablando de casos de secuestro, por ejemplo y que son situaciones que más fácil sería para un Fiscal que esa responsabilidad la asuma otra persona, pero tal y como se venía aplicando antes del fallo", el funcionario de instrucción tiene que actuar, pero no violando derechos de las personas, aclaró Montenegro.
Reiteró que el caso por el cual fue investigado el entonces Fiscal Arquímedes Sáenz, a quien supuestamente fue objeto de pesquisas por pedir dinero, es una situación grave.
Mientras tanto, Arquímedes Saéz, ex Fiscal Primero del Distrito de La Chorrera, despedido del cargo que ocupaba y detenido por espacio de diez meses por supuestos actos de corrupción reiteró que fue objeto de una trampa.
"Lamento mucho" que llegáramos "a estos extremos y lo dije desde un principio todo esto es una trampa, se bajó un telón y se sube otro, siempre lo dije la justicia de Dios siempre prevalece", indicó el exfuncionario de instrucción.
Por su parte, Pablo Vega, defensor de Sáenz no descarta acciones penales o civiles, pero consideraba necesario obtener el fallo, pues desconoce su contenido.
