EDITORIAL
Deterioro ecológico de playas y ríos
Moradores de Pacora, identificados
con las actividades ecologistas protestaron contra la extracción
de arena en las playas de ese corregimiento, sitas entre las desembocaduras
de los ríos Tapia y Bayano, con área cercana a trescientas
hectáreas, por estimar que tales actividades causarán grave
deterioro al medio ambiente; y asímismo, percibir la autorización
concedida como ventajismo que favorece a conocido empresario, cercano de
trato con el régimen actual.
En anteriores ocasiones, personeros de la organización defensora
de los ríos Pacora y San Martín vocearon protestas contra
la extracción de cascajo en los cauces de esas corrientes y aportaron
nutridas probanzas que mostraron los perjuicios que erosionan el lecho fluvial
y la contaminación por combustibles en las aguas, afectando el acueducto
de la población pacoreña.
Las extracciones incontroladas de cascajo en el Río Chagres causaron
alarma popular al comprobarse que las bases del puente que comunica a Colón,
resultaron afectadas y amenazan con causar un descalabro futuro, por lo
que se detuvo las operaciones mineras del área.
En El Uverito, en las costas tableñas, la abusiva e incontrolada
actividad extractora de arena amenaza con dañar gravemente el lugar,
generando perjuicios a la colectividad, por práctica que favorece
intereses puntuales de favoritos; esos intereses en el pasado dañaron
parte del lecho fluvial del Río de la Villa, desatando una controversia
pública, que movilizó la protesta de los vecinos de esa localidad
santeña.
De igual manera, el cauce del río Guararé sufrió
depredación ecológica cuando piedras de su lecho fueron extraídas
por una empresa constructora, incorporando protestas y rechazos de los pobladores,
que sienten la responsabilidad de enfrentar tales actos contrarios a la
naturaleza.
Similares reclamos, e iguales advertencias provienen de otras localidades
interioranas donde la extracción indiscriminada de materiales no
metálicos, causa deterioros graves a los recursos naturales; daños
que permanecen impunes.
Conviene señalar que el actual régimen dictó normativa
protectora de las costas panameñas dirigida a preservar futuros desarrollos
turísticos contemplados en el Plan Nacional de esa actividad; sin
embargo, dejó como excepción, la franja de Pacora; decisión
que se estima de favoritismo político, dado que quien adelanta las
labores depredadoras, integra la alianza de mando actual.
Las normativas legisladas para la conservación, protección
y racionalidad en el uso de los recursos naturales debe aplicarse con los
rigores y exigencias necesarias, con prescindencia de tolerancias hacia
quienes resulten los infractores; solamente así, lograremos detener
el crimen depredador generalizado que diezma fauna, cancela flora, destruye
suelos, contamina aguas y degrada el ambiente amenazando el futuro del vivir
de las generaciones panameñas.
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AYER GRAFICO |
José María Peñaranda y el conjunto de Amadís
Bernal en los carnavales. |
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