Gobierno colombiano reconoce responsabilidad
en masacres
Bogotá
Reuters
El gobierno colombiano reconoció
ayer su responsabilidad en masacres y ejecuciones extrajudiciales en las
que perdieron la vida 49 personas y realizó un acto de desagravio
a los familiares de las víctimas. "Acepto como presidente de
Colombia, la responsabilidad que corresponde al Estado colombiano por la
acción u omisión de servidores públicos en la ocurrencia
de los hechos violentos de los Uvos, Caloto y Villatina y en los casos de
Faride Herrera y Roison Mora", dijo el presidente Ernesto Samper.
El mandatario, que dejará el poder el 7 de agosto, explicó
que la aceptación implicaba el compromiso de cumplir las obligaciones
de todo tipo, nacionales e internacionales a que hubiera lugar. Los hechos
referidos por Samper, que ocurrieron entre 1991 y 1993, dejaron decenas
de viudas y huérfanos en empobrecidas regiones del país.
En los Uvos fueron asesinados 17 campesinos, en Caloto 20 indígenas
paeces y en Villatina, un populoso barrio de la ciudad de Medellín,
fueron asesinados siete adultos y un niño. El resto de víctimas
corresponde a ejecuciones extrajudiciales.
"La realidad de estas masacres pone de presente una meta para que
esta historia no se repita, para que se prevengan este tipo de situaciones
y para que se castigue a los que de manera hostil y terca, continúan
ejerciendo el imperio de la violencia a costa de la gran mayoría
que no la acepta", dijo Samper.
Colombia es uno de los pases donde con mayor frecuencia, según
Organizaciones No Gubernamentales, la población civil es víctima
de violación de sus derechos fundamentales.
"Hago un llamado a los servidores públicos para que acepten
la invitación del gobierno y la orden del pueblo colombiano de respetar
y hacer respetar los derechos humanos", dijo Samper. Agregó
que el acto de desagravio, se enmarcaba dentro del compromiso de respetar
los derechos fundamentales y propugnar su protección y difusión.
Una comisión de funcionarios del estado, ONG y comunidades ha
venido trabajando en un proceso de reparación social y moral para
las familias, según dijo el mandatario.
Ese proceso incluye programas de inversión traducidos en entrega
de tierras, construcción de centros de salud y aceleración
de los procesos judiciales para llegar a acuerdos que le permitan al estado
reparar el daño.
Hace tres años el gobierno reconoció por primera vez la
responsabilidad en la masacre de Trujillo en el departamento del Valle en
la que murieron unas 100 personas.
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