EDITORIAL
Decomiso de harinas ilegales
La detección de un
embarque de harinas mexicanas carentes de los nutrientes que exige la legislación
panameña, ordenada ayer por las autoridades del Ministerio de Salud,
constituye paso de adecentamiento en el cumplimiento de las normas sanitarias
y de etiquetado, vigentes en nuestro país.
Al efecto, las previsiones del Decreto Ejecutivo No. 495 de 4 de diciembre
de 1997 reclama de las harinas de trigo contenidos de Tiamina, Riboflavina,
Niacina, Hierro y Acido Fólico; aspectos que fueron ignorados por
los importadores del producto, que carece de ellos.
De igual manera, el registro sanitario, control que exige nuestra legislación
aduanera fue ignorado, con la sospechosa agravante de que al referido producto
le había sido negado hace un mes; situación anormal que reclama
inmediata averiguación para esclarecer los mecanismos utilizados
por los comerciantes importadores para introducirlo ilegítimamente
al territorio panameño, cuando resulta evidente el incumplimiento
de sus funciones en las autoridades portuarias que deben aplicar los mecanismos
aduaneros.
De acuerdo con afirmaciones de funcionarios conocedores de estos aspectos
sanitarios las previsiones del Decreto Ejecutivo 495 se dirige a mejorar
los niveles de nutrición de los panameños, con especialidad
de niños y mujeres en estado de gestación; sectores poblacionales
duramente castigados por el morbo de la deficiencia alimenticia, cuyas secuelas
se traducen en recursos humanos incapaces de prosperar intelectualmente,
con rendimientos físicos reducidos, propensos a las enfermedades
y la prematura muerte.
La realidad de problema de salud pública que oferta la desnutrición
panameña reclama de las autoridades decisiones y medidas enérgicas,
que al igual del decomiso de las harinas mexicanas, permita adecentar las
prácticas de comercialización y afirma las búsquedas
de mejorar la calidad de vida de los sectores vulnerables de nuestra sociedad.
Las disposiciones legales que exigen agregar componentes salutiferos
no son ajenas al ordenamiento panameño desde hace lustros, cuando
se exigió que la sal se mejore con el enriquecimiento de yodo y flour;
sustancias idóneas para prevenir enfermedades que azotan la vida
nacional.
Los constantes reclamos de la CLICAC sobre el etiquetado de los productos
y las fechas de expiración de los productos alimenticios y las medicinas,
se justifica plenamente cuando es del conocimiento público que establecimientos
expendedores ofrecen mercancías vencidas, tales galletas, dulces
y enlatados, como denuncian afectados por tal irregularidad.
De igual manera se afirma que es práctica localista el refechar
los productos adquiridos en lotes desechados del extranjero, para hacerlos
aparecer como ajustados a las normas reglamentarias y legales vigentes.
La salud es estado de la vida donde el ciudadano puede aportar sus mayores
rendimientos y mejores calidades; ponerlo en peligro con productos sospechosos
e ilegítimos, constituye un delito que merece sanciones drásticas.
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