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"Variedades"
"Podemos esperar servicio más caro y de peor calidad del
que prestaba el IRHE, que de por sí era malo"
Carlos Guevara Mann
Por más de 300 millones
de balboas, se privatizaron las tres empresas distribuidoras de energía
eléctrica.
Como son las cosas en el Panamá torista, donde no hay supervisión
efectiva de los servicios públicos y la Ley es una chancleta, ya
sabemos en qué quedará el servicio de distribución
de electricidad.
Con la privatización del INTEL de precedente, podemos esperar
servicio más caro y de peor calidad del que prestaba el IRHE, que
de por sí era malo.
Esos son los frutos del gobierno PRD y sus sat|lites: Solidaridad, Liberal
Nacional y Cambio Democrático.
Tengámoslo muy presente para recordarlo el 2 de mayo, a la hora
de emitir el voto.
Queda también por ver qué pasará con el Fondo Fiduciario
para el Desarrollo (FFD), nombre rimbombante que la torodictadura le puso
a la cuenta donde va a parar el producto de las privatizaciones, que con
la venta del IRHE pasará los mil millones de balboas.
Según La Prensa del sábado 12 de septiembre, dijo Planificación
"que la mayor porción de los intereses obtenidos por el FFD
se empleó en "co-financiar'' obras sociales respaldadas por
organismos internacionales."
Pero, cuando se preguntó cuáles eran estas "obras
sociales", "el MIPPE dijo no tener una lista elaborada por el
momento."
Y la Tulivieja, que no se chupa el dedo, sospecha que son "obras
sociales" vinculadas a legisladores, representantes y funcionarios
públicos que tienen puesta la mira en las elecciones del 2 de mayo.
Con los votos de la aplanadora oficialista y los incompetentes legisladores
de oposición, fue designado Contralor General de la República,
el abogado torista Gabriel Castro.
Don Gabriel se comprometió a impulsar, desde la Contraloría,
"la más clara transparencia administrativa."
Petra Bemba le sugiere que comience por aclarar la proliferación
de "botellas" en los puestos públicos y los múltiples
escándalos financieros que se han suscitado en los últimos
treinta años, que han quedado engavetados, por más que el
Estado haya sufrido lesión patrimonial.
Mientras el pueblo pasa trabajo por allí andan muy orondos los
beneficiarios de los famosos atracos del Seguro y el puente Van Dam, como
también los responsables de la doble adjudicación de las tierras
de Albrook, para mencionar sólo tres casos.
Y que les pele el ojo a los dineros del Fondo Fiduciario para el Desarrollo
(FFD), que pueden ser presa fácil de la voracidad perredista.
Frente a la multitud de denuncias de irregularidades registradas en el
proceso previo al referéndum, como también durante la consulta
popular del 30 de agosto, se esperaba que el Tribunal Electoral formulara
las aclaraciones pertinentes y tomara las medidas necesarias para que éstas
no se repitieran.
En vez de eso, el Tribunal ha emitido un comunicado en que advierte que
"no tolerará más acusaciones infundadas" y ha amenazado
con demandar a quienes se atrevan a insistir en que se den rectificaciones.
Craso error, cuyas consecuencias pagarán no sólo los miembros
de esa corporación sino la República en general.
El conteo rápido y cierto de los votos es un aspecto fundamental
de toda consulta popular, pero no el único.
El público celebró la pronta divulgación de los
resultados, pero exige que se tomen medidas correctivas, para que en el
proceso electoral de 1999 no predominen la manipulación y la injusticia,
que fueron la tónica de la campaña reelectorera.
Al Tribunal le toca garantizar que el torneo sea democrático,
como no lo ha sido ninguno en Panamá, porque siempre han prevalecido
la manipulación propagandística, el clientelismo y los obstáculos
a la libre emisión del voto.
Bajo esas condiciones, jamás entraremos dignamente al siglo XXI:
nos quedaremos en la Edad de Piedra electoral.
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