Las pugnas personales y diferencias de criterios entre los dirigentes de los pacientes envenados con el tóxico dietilenglicol impidieron ayer la finalización, en feliz término, de una reunión con representantes del Gobierno y la Asamblea Nacional.
El encuentro se realizó como una respuesta del Ejecutivo, luego del cierre de calle protagonizado la semana pasada por los enfermos y sus familiares.
La polémica comenzó cuando Gabriel Pascual, dirigente del Comité de Familiares de Víctimas del dietilenglicol, solicitó a los diputados que los ex miembros de la organización, Pedro Montañez y Lidia González, fuesen expulsados de la reunión.
Pascual dijo que no podían permitir que personas que habían utilizado el Comité para insultar a otros integrantes participaran en las reuniones que buscan el bienestar de los demás. El dirigente pedía que la reunión fuese a puerta cerrada.
El diputado Fernando Carrillo, presidente de la Comisión de Salud de la Asamblea Nacional, dijo que la institución no podía impedir el acceso de estas personas a la reunión.
Tanto Montañez como González fueron expulsados del grupo que reclama atención. En su defensa, la señora González expresó que, al igual que los demás, ellos también habían sido afectados por el veneno, cerrado calles y participado en las luchas, por lo que tenían pleno derecho a participar en la reunión.