El presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, hizo señalamientos muy serios en contra de México, Colombia, Guatemala, Costa Rica y Panamá, a los cuales acusó de tener "intereses" y de estar "infestados de narcotráfico".
Las acusaciones de Ortega recibieron un rechazo inmediato de parte de los gobiernos de México y Costa Rica. México las calificó de "infundadas e injustificadas", mientras que Costa Rica las tildó de "injuriosas e inadmisibles".
La reacción más tibia y demorada fue la de Panamá. El canciller Juan Carlos Varela las consideró como "lamentables" y que no contribuyen al esfuerzo serio que hacen los países del área en contra del narcotráfico y el crimen organizado.
Lo dicho por Ortega no es un simple comentario o una acusación lanzada en el calor de una actividad proselitista. Se trata de una afirmación de un mandatario hecha por canales oficiales que merecen un pronunciamiento más fuerte de las autoridades panameñas.
En el pasado reciente, hemos visto una posición más decidida de nuestras autoridades en asuntos internacionales que no atañen directamente a Panamá. Incluso, algunas de esas posiciones nos han hecho pisar sobre terrenos escabrosos.
Pero en esta ocasión, la reacción ha sido otra. La Cancillería de la República debe presentar una queja y un desmentido formal ante los organismos internacionales pertinentes. No hacerlo, sería alentar a cualquier otro gobernante a jugar con el buen nombre del país y con el honor de todos los que habitamos este país.