El Gobierno de Colombia decretó ayer el estado constitucional de emergencia social para enfrentar la crisis desatada por los mecanismos financieros ilegales conocidos como "pirámides" y dictó las primeras medidas que buscan proteger a quienes depositaron dinero en las mismas.
El ministro del Interior y Justicia, Fabio Valencia Cossio, anunció que dicho estado, que permite al Ejecutivo expedir medidas de urgencia por un plazo inicial de 30 días, rige desde la pasada medianoche y de inmediato comenzó la confiscación de dinero y bienes de empresas "que cumplían una función de recaudo no autorizada"
"La idea es devolver, hasta donde sea posible, esos dineros, para evitar la defraudación", expresó el ministro, quien pidió al público respaldar las medidas y tener "mucha calma".
Aseguró que los defraudados tendrán diez días para solicitar la devolución de sus fondos hasta donde sea posible.
El presidente colombiano, �lvaro Uribe, había anticipado el viernes y sábado que se emitirían medidas especiales para detener esas firmas captadoras de fondos y pidió abandonar la "cultura mafiosa del enriquecimiento fácil".
