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JUDICIAL: ESCANDALO A LA VISTA
Enrique Montenegro denunció otro escándalo.

Florencio Gálvez F. | Cr�tica en L�nea

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Un nuevo escándalo relacionado reventó ayer, miércoles.

El nombramiento irregular de funcionarias bajo la administración del magistrado Adán Arnulfo Arjona, se divulgó ayer, a la opinión pública.

Ese asunto recibió fuertes críticas a lo interno de la Corte Suprema de Justicia, y a su vez, una denuncia penal presentada ante el Ministerio Público por Enrique Montenegro, secretario general del Frente Nacional contra la Corrupción.

Montenegro pidió que se investiguen las actuaciones de Alma Montenegro de Fletcher, ex procuradora de la Administración; Alvin Weeden, ex contralor; Adán Arnulfo Arjona, magistrado de la Corte; y Oscar Ceville, actual procurador de la Administración.

Por su parte, los magistrados Arturo Hoyos, Aníbal Salas y Winston Spadafora calificaron en una carta hecha pública, como una burla "a la independencia judicial, pues nunca antes un presidente de la Corte mantuvo aquí a un servidor del �rgano Ejecutivo dando órdenes a servidores judiciales", en clara alusión a su colega Arjona.

El asunto no para allí, pues los tres magistrados confirmaron que cuatro funcionarias: "Vanessa Quijano, Argelis Escudero, Mercedes Ochoa y Tanya Vega que laboran en el despacho del magistrado Adán Arnulfo Arjona, han sido por más de un año empleadas de la Procuraduría de la Administración, que es precisamente la encargada de representar a la Administración en los procesos contenciosos administrativos que se ventilan ante la Sala Tercera" de la Corte.

Esa grave situación será tratada lo antes posible en el próximo pleno de la Corte Suprema de Justicia, a fin de "que se le busque una solución a este delicado asunto que mantenga la imparcialidad de la Justicia Contencioso Administrativo.

Criticaron la llamada administración paralela montada por Arjona, que "dejó de lado a los magistrados y directores administrativos y que estuvo encabezada por la la licenciada Cinthya Camargo. Ella, ahora sabemos, tampoco era empleada de la Corte Suprema, sino que prestaba servicios al Ministerio de Economía y Finanzas".

Esta situación creó un desorden administrativo del cual la institución apenas empieza a recuperarse, indicaron los magistrados firmantes del documento.



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