Si en el presente o en el futuro un gobernante pretende "distribuir la riqueza de Panamá entre sus habitantes", debe empezar con la distribución gratuita del principal recurso que tiene el país: EL AGUA.
Para los que crean que esta medida es "paternalista" les decimos que NO LO ES. Se trata de reglas mínimas de justicia y del derecho elemental a la vida, ya que más de la mitad de la población panameña se encuentra en condiciones de pobreza y encima tiene que pagar una cuenta de agua que en gran cantidad de casos no les llega.
Además, no es justo que históricamente el Canal de Panamá esté subsidiando a empresas navieras transnacionales con los millones de galones de agua dulce que se pierden al mar con cada tránsito de buques por la vía acuática, cuando por el contrario no se ven los dividendos reflejados en obras sociales proporcionales a los ingresos que se generan en dicha operación marítima.
Expertos han estimado que por cada barco que transita la vía acuática, se pierde en el mar un aproximado de 52 millones de galones de agua dulce, cantidad que representa casi la mitad del consumo diario del área urbana de Panamá, por lo que señalan que en 25 años, cuando la población se haya duplicado, el medio más rentable para enfrentar las necesidades urbanas de agua será "restringir el número de tránsitos por el Canal".
Finalmente señalamos, que si un grupo de empresas millonarias de capital panameño y extranjero se han "ganado" las licitaciones para el diseño y construcción del tercer juego de esclusas (la ampliación del Canal de Panamá) llevándose la mayoría de los recursos (dinero) que genera la vía acuática, lo mínimo que se le puede dar al pueblo panameño es el agua subsidiada, ya que es un recurso que nos pertenece a los que nacimos en este suelo.
