El presidente Ricardo Martinelli dirigió un breve discurso al país en el que calificó de "inaceptable" la forma en que murieron 5 adolescentes en el Centro de Cumplimiento de Menores de Tocumen en un incendio que también ha dejado graves a otros dos, situación que, sin duda, atenta contra los valores democráticos por los que tanto se ha luchado.
En este medio publicamos una serie de artículos sobre los "Crímenes de Estado" en Panamá, a lo largo de más de cinco décadas y, al parecer, no es mucho lo que ha cambiado en el ámbito de la justicia, porque el sistema continúa protegiendo a quienes participan en actos que atentan abiertamente contra los derechos humanos.
A inicios de la década de los años sesenta del siglo pasado, el país fue estremecido por la tortura y muerte de un dirigente bananero en el cuartel de Puerto Armuelles, donde por coincidencia, el jefe de la Zona Militar de Chiriquí era el mayor Omar Torrijos y uno de sus oficiales, Manuel Antonio Noriega.
La justicia no prosperó en ese caso, a pesar de la lucha popular para que los responsables fueran castigados.
Cincuenta años han transcurrido desde aquel asesinato de Puerto Armuelles y aún son reconocidas faltas muy graves contra los derechos humanos, siendo una de las más atroces de ese período la muerte y decapitación de Hugo Spadafora.
Con el discurso del actual presidente se sienta un precedente histórico, en contra de las actuaciones absolutistas e impunes de las autoridades y con la acción del Ministerio Público se envía un mensaje directo en la lucha frontal contra la ilegalidad y el abuso.
El propio ministro de Seguridad, José Raúl Mulino, ha manifestado estar dispuesto a dejar su cargo si tiene alguna responsabilidad con el inhumano sacrificio de los jóvenes del centro penitenciario.
