Se percibe que el gobierno intenta acaparar todo el poder en el país. Si bien es cierto que cada mandatario intenta colocar sus fichas en el aparato judicial y de investigación, no se puede exceder en esos propósitos.
Es una realidad que en el Ministerio Público no se hizo mayor esfuerzo para investigar casos de corrupción para así enviarle un mensaje a todos los funcionarios de que no se toleraría el robo de los recursos estatales, pero la forma como fue sacada la Procuradora Ana Matilde Gómez, deja un mal sabor y preocupa.
Todo indica que el caso pasará a las instancias internacionales cuando se agote el proceso que contra ésta adelanta la Procuraduría de la Administración y se defina luego en audiencia ante el pleno de la Corte Suprema de Justicia.
El control excesivo de poder en una democracia no es saludable. Debe haber un contrapeso para prevenir abusos. Ya Panamá ha vivido amarga experiencias, por eso hay un movimiento para resurgir organizaciones que lucharon en las calles contra los desmanes de los militares.
Si en el gobierno no hace una adecuada lectura de lo que sucede y corrige el rumbo, sin duda dentro de poco habrá un choque con diversos sectores de la sociedad. La altura del poder no debe nublar el buen juicio de los dirigentes del país, porque los excesos son rechazados y opacan hasta las más nobles medidas populares que se puedan adoptar en un momento a favor de los sectores más necesitados.
Hay que respetar la división de los poderes. Que los funcionarios cumplan adecuadamente sus responsabilidades, pero que se ponga un alto a los sobresaltos diarios a los que está sometida la nación, ya que no generan un adecuado clima para la inversión.