El gobierno decidió finalmente derogar la ley 8 que reformó el Código Minero. Al final se escuchó la voz del pueblo que apuesta por la ecología que por la minería. La lección debió ser aprendida: en temas sensitivos es mejor consultar sin apuros, para evitar sobresaltos.
Hay que reconocer la disposición oficial de dar un paso atrás frente a un tema que era impopular. También es plausible la intervención de la Iglesia como mediadora y la valentía de un pueblo indígena que luchó por lo que consideraban correcto.
Algunos van a recllamar victorias y otros pretenden endosar derrotas, pero hay que empinarse sobre las pequeñeces y recapacitar. Cuando se da un paso atrás para corregir, gana el país y la sociedad. Todos los gobiernos cometen errores y lo correcto es reconocerlo.
Ahora bien, no se puede obviar que existen una serie de concesiones mineras en Panamá que operan bajo el amparo de un Código de hace 48 años, cuando las preocupaciones ambientales no eran tan rigurosas como ahora. Además hay empresas que pagaban guayaba y algunas hasta están exentas de impuestos por la extracción de metales preciosos.
También es una realidad que en la comarca Ng�be Buglé cabalga la pobreza y esa región casi siempre ha estado olvidada por los gobiernos. La zona merece atención y junto a su dirigencia se deben implementar programas sostenibles de desarrollo, donde se respeten la tradición y la cultura de los hermanos indígenas.
Lo sucedido en esas jornadas de cierre de la vía Interamericana debe servir como un llamado a la conciencia de gobernates y gobernados, para entender que lo más práctico es el diálogo, que quizás demore un poco en dar sus frutos, pero es mejor que una confrontación, donde al final sólo se cuentan muertos, heridos o presos.