El juez sexto Rubén Royo rompió el silencio después de haber sido suspendido de su cargo por la Sala Cuarta de Negocios Generales y encendió la polémica de su caso, al señalar que enfrenta una persecusión política, luego de dictar una sentencia contra Luis Sánchez Torrijos por los viveros de marihuana descubiertos dentro de un edificio de Marbella.
Rubén Royo aseguró que un intemediario le pidió retrasar la sentencia de ese caso, pero como falló se le complicó su situación.
Royo, así como sus colegas Felipe Fuentes, Ricardo Mazza y Xiomara Bulgin Wilson, fueron suspendidos por irregularidades descubiertas por una auditoría judicial practicadas. La medida se fundamenta en el acuerdo No.398 de la Corte adoptado hace una semana, que establece la separación del cargo de los funcionarios judiciales de carrera cuando sean procesados por faltas disciplinarias o éticas.
Entre las irregularidades se destacan expedientes en espera de trámites procesales desde hace varios años, falta de notificación, incumplimientos de trámites para fijar fecha de audiencia, demoras en las prácticas de prueba, sumarias en averiguación pendientes de resolver, libertades sin hacerse efectivas, así como faltas graves de supervisión y control del despacho judicial.
Al retornar a su despacho después de cinco meses de vacaciones, Royo, quien también fue denunciado penalmente en la Procuraduría de la Nación por supuestas faltas a la ética y contra la libertad, dijo que en los corrillos de la Corte se conocía de la existencia del "Acuerdo Royo", para suspenderlo sin derecho a salario. Royo pedirá la reconsideración y permanece en su puesto al no contar con un suplente.
A juicio del funcionario, el Acuerdo 398 es ilegal, porque el Código Judicial y la Constitución establecen los mecanismos para la separación de los jueces.
Como el presidente de la Corte, Harley James Mitchel no me podía suspender a mi solo, porque sería muy evidente, incluyó a otros colegas, añadió.
Royo alegó que estuvo cinco meses de vacaciones para no entorpecer la investigación, pero ahora se señala que debe estar suspendido del cargo, para que no afectar el proceso.
Además explicó que interpuso dos denuncias contra Mitchel, por lo que entonces éste también tendría que ser separado del cargo para evitar que con su puesto pueda influir ante sus superiores.
Royo señaló que primero lo vincularon a un proceso por lavado de dinero, posteriormete se realizó una auditoría, la cual calificó de "amañada".
En una nota de prensa, el Presidente de la Corte Suprema de Justicia, Harley Mitchell dijo que no puede emitir comentarios, porque tiene limitaciones y sus afirmaciones pueden tener repercusiones.
RECHAZAN ACUERDO
Por su parte, la Asociación de Servidores del Organo Judicial de Panamá (ASOJUP), manifestó su disconformidad ante cualquier acto que pretenda o promueva la separación de un servidor del �rgano Judicial, mediante procedimientos distintos a los consagrados en la Constitución Política, el Código Judicial y el reglamento de la Carrera Judicial.
Mientras que la Alianza Ciudadana Pro Justicia y sus organizaciones afiliadas hicieron un llamado urgente a los magistrados de la Corte para que deroguen el Acuerdo 398 de la Sala de Negocios Generales y retomen la discusión en torno al proyecto de ley que se encuentra en la Asamblea de Diputados y se cumpla con lo que establece el articulo 211 de la Constitución Nacional: "Los Magistrados y jueces no serán depuestos ni suspendidos o trasladados en el ejercicio de sus cargos, sino en los casos y las formalidades que disponga la ley".