EDITORIAL
Irregularidades en las partidas circuitales
La fórmula legislativa
de incorporar partidas presupuestarias para atender gestiones públicas
de sus miembros, pretendidamente con sentido comunitario y social, ideada
por los mandos perredianos desde hace más de una década, ha
devenido en una realidad contraria al destino y razón de ser del
quehacer de la Asamblea Legislativa, que conduce a utilizar ingentes horas
laborales para cumplir trámites de adquisiciones y obras y en seguir
el cumplimiento de los eventos asignados por tales fondos.
Esta consecuencia de afectación del trabajo parlamentario reduce
las jornadas de formación de la ley y omite el análisis en
profundidad de los proyectos, por ocuparse en requerimientos de las obras
y servicios de las inversiones de las partidas circuitales, lo cual se traduce
en quejas públicas contra el deficitario desempeño legislador
que multiplica aceleradamente la negativa imagen y estimas populares hacia
el Legislativo.
Las labores que atienden los legisladores con las asignaciones presupuestarias
alcanzan un extenso mundo de quehaceres donde muchas de ellas, se apartan
de las prevenciones sociales y públicas que deben satisfacer y permiten
que el legislador se promueva políticamente y se catapulte con miras
reeleccionistas y partidarias, auspiciando equipos deportivos con su nombre,
repartiendo cestas navideñas, zapatos y otros útiles, asimismo,
el financiamiento de ayudas matrimoniales y de bautismos, y en general,
actos de escasa importancia colectiva o social.
Ahora, de acuerdo con informes de prensa, la Contraloría General
de la República, detecta irregularidades en el manejo y asignación
de tales recursos presupuestarios, donde se materializan incumplimientos
groseros a la culminación de obras contratadas; aprovechamientos
indecorosos e ilegítimos que encarecen las labores y servicios acordados,
y la ausencia del cumplimiento de los pasos fiscales que rigen las adquisiciones
y las obras públicas.
Los parlamentos son instancias políticas donde se tramita y forma
la ley, y deben en su desempeño responder a requerimientos raizales;
públicos; encaminados a solucionar con normas obligatorias y generales
las problemáticas que insurgen en la vida colectiva, razón
por la cual distraer los diputados en tareas impropias, pertenecientes al
ámbito de los concejales y alcaldes, conlleva un evidente renunciamiento
a la noble tarea de impulsar la vida social y colectiva con los parámetros
de las leyes; aspecto que le concede el esplendor y la grandeza a tales
entidades legisladoras.
Los manejos oscuros; las aprovechadas contrataciones, las tolerancias
y apadrinamientos deben cesar, y un renovado régimen de manejo provincial
o municipal establecerse para ejecutar y percibir las partidas de los legisladores,
siguiendo las delimitaciones de la división administrativa que rige
en el país; de esta manera tendrán mejores y mayores resultados,
tales presupuestos.
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