La Defensoría del Pueblo ha denunciado la negativa de las autoridades de revelar el resultado de las auditorías realizadas a los Corredores Norte y Sur.
Ambas carreteras fueron construidas en base a una concesión estatal y existe una molestia generalizada de los ciudadanos por el peaje que se les cobra por el uso de éstas.
Prácticamente le cuesta a un panameño cinco balboas diarios ir y venir de un extremo a otro de la ciudad a través de los corredores.
Resulta inexplicable que mientras las dos empresas mexicanas concesionarias de los corredores publican en el extranjero el resultado de sus operaciones, acá en Panamá se quiera cubrir con un velo de secreto sus ingresos.
Ese tipo de secretismo y de falta de información ya originó una denuncia por bien oculto en torno a los ingresos que ha logrado la empresa ICA Panamá por la concesión del Corredor Sur.
Lo cierto es que las propias cláusulas de los contratos de concesión obligan al Estado a auditar las operaciones de las compañías administradoras de ambas vías.
Si bien es cierto que Panamá debe respetar la seguridad jurídica, de igual modo la sociedad panameña debe conocer los detalles de los ingresos que ellos pagan cada día mediante el mecanismo de peajes.
La negativa de la Dirección de Ingresos no tiene razón de ser y la Defensoría del Pueblo no puede ni debe conformarse con esa negativa, sino que debe exigir que se le suministren las cifras y que éstas las conozan los panameños.