Con preocupación ven los empresarios el proyecto de ley que regula la obligación de las empresas operadoras de telecomunicaciones a registrar y conservar los datos de los usuarios del servicio de tecnología móvil, fija e internet.
El presidente de la Cámara de Comercio, Adolfo Linares, dijo que la privacidad en las comunicaciones y en la correspondencia es una garantía constitucional claramente protegida y la misma no puede ser violada, sólo por autoridades competentes y no de carácter general y preventivo, para ver si en algún momento un ciudadano delinque.
Cable and Wireless no se pronunció al respecto, porque advierte que no han recibido por parte del Gobierno ningún documento oficial.
En tanto, el Frente Nacional por la Defensa de los Derechos Económicos y Sociales (FRENADESO) manifestó su rechazo a la propuesta gubernamental de control sobre las comunicaciones, al considerar que viola la privacidad de los ciudadanos.
CONCENTRACION EN EL PARQUE PORRAS
La organización convocó para hoy a una concentración en el Parque Porras de la capital, en protesta por esa iniciativa de la actual administración, que mencionó como un proyecto de ley de espionaje telefónico y de la Internet.
Para Angélica Maytín, de Transparencia Internacional, las intervenciones telefónicas bajo el pretexto de combatir el crimen organizado y los delitos graves pueden ser utilizadas para invadir la privacidad.
El proyecto en mención empezó a circular anoche de forma clandestina entre los diputados de la Asamblea.
Se espera que en los próximos días el �rgano Ejecutivo presente formalmente el proyecto a la consideración de la Asamblea, mientras eso ocurre, el diputado Leandro �vila adelantó que el PRD votara contra la iniciativa, porque lo que quieren es "espiar a la oposición y a los empresarios".
Sobre el tema se refirió la procuradora Ana Matilde Gómez, quien dijo que no fue consultada para la redacción del proyecto, pero por lo poco que conoce del texto, lo avalaría, siempre y cuando preserve las garantías constitucionales.
Gómez indicó que a su entender, la propuesta del Ejecutivo amplía el alcance de las intervenciones de llamadas telefónicas hacia otras herramientas tecnológicas como el correo electrónico y el sistema de telefonía propagada, para perseguir el delito.
Adelantó también que la norma sería conveniente en la medida que regule el artículo 29 de la Constitución, por medio del cual se puede intervenir conversaciones con fines judiciales. Actualmente la Procuradora no puede ordenar intervenciones telefónicas y Gómez espera ser tomada en cuenta para adelantar este tipo de trámites.
Gómez descartó que la presentación de la ley por medio de su ex Fiscal de Drogas no significa que esa sea la forma de pensar del Ministerio Público, por lo que esperará la apertura del primer debate para expresar formalmente su parecer ante la Asamblea.