El Gobierno Nacional a través de la Autoridad para la Innovación Gubernamental decidió licitar los servicios de voz, Internet, enlaces de comunicación y centros de datos (Red Nacional Multiservicios).
Se trata de una licitación especialmente delicada, porque pondría en manos de un solo operador las telecomunicaciones del país, además de información vital para el funcionamiento y continuidad de sus agendas sociales y financieras.
Por ello, resulta desleal que una de las competidoras adelante una campaña engañosa para proclamarse vencedora, en función de su oferta económica. Se trata de una manera de ejercer presión sobre la comisión técnica instalada con el fin de evaluar las tres propuestas presentadas.
La buena noticia es que la selección de la empresa se hace por mejor valor de la propuesta. Es decir, además del precio se ponderan otros aspectos como la calidad técnica de la propuesta, la experiencia y la fortaleza financiera de las empresas proponentes.
Justamente, los evaluadores técnicos están analizando toda la documentación y hasta que esa tarea no culmine, no habrá una decisión. Es una gran responsabilidad que implica la seguridad de las telecomunicaciones del Estado Panameño y el aseguramiento de su continuidad, incluso en caso de desastres y eventualidades.
Una empresa verdaderamente comprometida con el país y los panameños no deben recurrir al egoísmo y la codicia, al punto de promover condiciones de dudas sobre un proceso técnico de licitación que ha sido manejado de manera transparente.
El mejor precio es, en este caso, un concepto relativo, porque si la calidad técnica de la propuesta y la capacidad de la empresa no se compadece de la magnitud de la responsabilidad, el precio es una trampa y al final lo barato puede resultarle muy caro a los ciudadanos.
Precisamente, son los ciudadanos los que juzgan a sus funcionarios. Los intereses empresariales son coyunturales. Lo que importa es la gente que espera y merece servicios de calidad.
