En un país en el que todos coinciden que hay que combatir la inseguridad que se vive sobre todo en la capital, el debate ya no está en si hay que tomar medidas para combatir al crimen organizado y a las células del narcotráfico internacional que se han enraizado en Panamá, sino en las medidas que quiere plantear el gobierno para enfrentar el problema.
Ya hace más de 4 meses que en la Policía Nacional se nombró como director encargado a un unformado: Jaime Ruiz. La medida respondió a un viejo clamor de un reducido sector de la ciudadanía que atribuía (al menor parcialmente) a las anteriores jefaturas civiles de la PN el aumento en la incidencia de delitos, crímenes y violencia.
Las teorías sobre que sería mejor para la seguridad del país tener a un uniformado al frente de la policía son derribadas por las estadísticas como un castillo de naipes. En los primeros seis meses del 2008, van 256 homicidios, 19% más que en el mismo período del año 2007. Los ajusticiamientos, ejecuciones y tumbes de droga son cosa de todos los días. Nuestros barrios populares son campos de guerra entre pandillas de jóvenes y niños. Y el nuevo orden en la PN no ha causado cambio alguno.
Un nombramiento en un estamento de seguridad, sea quien sea, debe ser valorado por sus resultados, no por la naturaleza propia del nombramiento. Son medios para llegar a un fin (proteger la vida de los ciudadanos), no un fin en sí mismos.
Dado el historial del gobierno en materia de seguridad, el mismos resultado pueden esperarse del paquete de reformas que crean el servicio de inteligencia, la autoridad aeronaval y modifica al SPI. Mientras no se ataque la corrupción en las instituciones, esto será otro gasto de tiempo, dinero y recursos humanos.