La empresa Ocean Pollution Control actuó de manera ilegal porque aunque tenía un permiso provisional de ocupación de un área de fondo de mar y un área de ribera de mar, dicho permiso venció en abril de este año y no le permitía realizar ningún relleno o trabajo alguno de construcción, reiteró Roberto Linares, administrador de la Autoridad Marítima de Panamá (AMP).
"La AMP actuó responsablemente y mantiene su decisión de reclamar estos rellenos ilegales como propiedad del Estado, porque se acabó el relajo que se venía practicando con los recursos del pueblo", indicó.
Por su parte, Carlota Mattos, asesora legal de la AMP, manifestó que OPC, a pesar de que sabía que su permiso provisional venció en abril, continuaron pagando la mensualidad de $1,569.50, pago que de manera irregular recibieron los funcionarios del departamento de facturación de la AMP.
