Cada vez es más evidente que este es un país en el que la gente con poder económico e influencia política controla a los funcionarios como títeres con una mano, mientras que con la otra se pasan la Constitución y las leyes por sus mejores partes.
Los últimos tres años han sido particularmente duros con los panameños humildes; esos que tienen que viajar en Diablos Rojos asesinos, recibir atención de cuarta categoría en la Caja de Seguro Social (los mismos del dietilenglicol), soportar aumentos constantes en la canasta básica, la luz y el combustible. Este último producto -que definitivamente es de primera necesidad- está experimentando subidas de precio que a todas luces están desconectadas del mercado internacional del petróleo.
Pero no es de los panameños humildes de los que estamos hablando en esta columna, sino de los funcionarios corruptos a todos los niveles del gobierno que han permitido abusos contra la ciudadanía, al punto que en este país casi que no se puede vivir, a menos que seas rico.
Son los servidores públicos (o sea, que sirven a todos los panameños) quienes tienen la responsabilidad de defender a los ciudadanos de los abusos que cometen ciertos grupos de poder económico contra los consumidores y la ciudadanía.
En la última década, todo lo malo que puede ocurrirle a los ciudadanos de un país, ha ocurrido, y nadie hace nada.
Se pierden los ahorros de miles de ciudadanos en una extraña quiebra de banco, se queman 19 personas en un bus, cientos se intoxican con un jarabe contaminado, nos aumentan la gasolina a pesar de que el precio internacional baja, y la lista sigue y sigue.
Todos estos casos tienen algo en común: los ciudadanos quedaron "fregados" entonces, siguen fregados hoy, y como no hay autoridades que los defiendan, seguirán fregados.
