Una ley que penaliza la pertenencia y financiación de pandillas y otros grupos empezó a regir ayer en El Salvador, después que esas bandas obligaran al transporte a paralizar sus labores durante 72 horas para exigir que no se sancionara este instrumento jurídico.
La Ley de proscripción de maras, pandillas, agrupaciones, asociaciones y organizaciones de naturaleza criminal, conocida como "antimaras", fue aprobada por el Parlamento el pasado 1 de septiembre y sancionada nueve días después por el presidente Mauricio Funes, que descartó negociar con los pandilleros.
"Ocho días después de su publicación (en el Diario Oficial) entra en vigencia", explicó el viceministro de Justicia y Seguridad, Henry Campos.
A raíz de esta ley, que busca contener la violencia que desangra a este país, donde se registran entre 10 y 13 asesinatos por día, la Mara Salvatrucha (M-S) y la Mara 18 (M-18) buscaron paralizar el transporte, para impedir su sanción presidencial.
La norma declara ilegales y proscribe "las llamadas pandillas o maras" y prevé "la extinción de la titularidad, dominio, posesión o tenencia" de los bienes, efectivo, derechos, ganancias y ventajas que se hayan adquirido como parte de esa actividad delictiva.
También faculta a la Fiscalía o al juez competente a ordenar la inmovilización de cuentas bancarias o incautar bienes relacionados con estos delitos.
Campos detalló que las autoridades contarán "con nuevas herramientas" para "proceder contra el patrimonio de aquellas personas miembros de pandillas o relacionadas con pandillas" e inhabilitarlos para integrar sociedades o ser accionistas.
"No pueden ejercer derechos políticos aquellos que sean condenados por este delito (...) no pueden recibir ningún beneficio legal de parte del Estado, no pueden ser legalizados, no pueden ser apoyados, no pueden mantener permisos (...), por ejemplo, de operar un bus, ni pueden ser dueños de estos mediante terceros", sentenció.
Por su parte, el arzobispo de San Salvador, José Luis Escobar Alas, dijo hoy en una rueda de prensa que la ley "es una herramienta válida" y "un elemento a favor para la solución de la violencia", pero "no basta", advirtió el prelado, quien destacó la necesidad de "avanzar en la prevención del crimen" y en "la investigación".
