ABRACADABRA
"Vamos por mal camino"
"Preocupado por mantener su "imagen", sin embargo,
nuestro Tribunal Electoral no parece haber recibido el mensaje"
Carlos Guevara Mann
Con insistencia se ha reiterado
la necesidad de que el Tribunal Electoral cumpla con su mandato constitucional
de garantizar la pureza, honradez y efectividad del sufragio.
En otras palabras, se ha insistido en que el Tribunal garantice el carácter
democrático de los comicios.
Para que una consulta popular sea verdaderamente democrática,
no sólo es preciso que los votos se cuenten con transparencia y rapidez.
Tambi|n es necesario que se aseguren la igualdad de oportunidades para
manifestar las preferencias políticas, la igualdad de condiciones
para promover todas las propuestas y candidaturas electorales, y el estricto
cumplimiento de la Ley electoral.
Preocupado por mantener su "imagen", sin embargo, nuestro Tribunal
Electoral no parece haber recibido el mensaje.
Sus últimas acciones han estado encaminadas a "imponer"
respeto de manera autoritaria, como si el respeto fuese atributo a que pudiera
obligarse con amenazas y sanciones.
Esto lo traigo a colación a raíz de la demanda presentada
por los magistrados de la corporación electoral en contra de Alvin
Weeden, Fiscal del Partido Arnulfista.
Recordará Ud., amigo(a) lector(a), que Weeden denunció
la baja calidad de la tinta indeleble que se usó el día del
refer|ndum, el nombramiento de miembros y simpatizantes del PRD y sus sat|lites
como dignatarios de las mesas de votación, y la designación
de familiares de los magistrados para ocupar puestos públicos en
el Tribunal Electoral (La Prensa, 17 de septiembre).
Varios han sido los ciudadanos que legítimamente han manifestado
preocupaciones similares en los últimos meses.
Además, se ha señalado el uso escandaloso de los recursos
estatales para promover la reelección presidencial inmediata y la
manipulación del transporte público el día del refer|ndum,
como factores que violaron la pureza, transparencia y efectividad del sufragio
popular.
Aun cuando la denuncia de Weeden fue planteada en duros t|rminos, lo
que le corresponda al Tribunal Electoral era investigarlas, junto con las
otras ya mencionadas, y tomar las medidas pertinentes para que no volvieran
a ocurrir, máxime con unas elecciones generales a la vuelta de la
esquina (2 de mayo de 1999).
Los magistrados, sin embargo, optaron por demandar a Weeden por "calumnia
e injuria".
Uno de ellos - el norieguista Erasmo Pinilla, enquistado en el Tribunal
por órdenes de la torodictadura - incluso emitió una velada
amenaza en contra del Fiscal arnulfista, al aducir que los magistrados tienen
facultad para ordenar arrestos "por faltarles el respeto" (El
Panamá Am|rica, 18 de septiembre).
Que los magistrados gocen de semejante facultad dictatorial no es nada
de que un funcionario democrático deba vanagloriarse.
Por el contrario: vergüenza debería darles a los magistrados
recurrir a disposiciones atrabiliarias y anti democráticas en un
vano intento por imponer respeto.
Si algo queda claro con este episodio reprochable, es que hay que denunciar
estas amenazas autoritarias ante los organismos internacionales de protección
y promoción de los derechos humanos, los cuales ya están muy
al tanto de las irregularidades que se cometen en el Panamá supuestamente
"democrático" de la torodictadura.
Queda claro, tambi|n, que el adecentamiento y democratización
del r|gimen electoral es tarea que corresponde, en Panamá, a la iniciativa
particular, porque ni al Tribunal ni a la Fiscalía Electoral les
interesa el asunto.
NADA hicieron, por ejemplo, al respecto de las declaraciones que, en
la tarde del domingo 30 de agosto, rindieron Francisco Sánchez Cárdenas
y Mitchell Doens, del PRD, quienes, en violación de lo dispuesto
por el Código Electoral, indicaron que las cifras recaudadas por
ellos mismos supuestamente arrojaban un resultado a favor del "sí"
(ver al respecto el editorial de El Panamá Am|rica, 19 de septiembre).
Ha sido el legislador suplente del Partido Arnulfista, Jos| Blandón
Figueroa, quien en su carácter de ciudadano particular ha obligado
a la Fiscalía Electoral a investigar esta falta, cuando la misma
Fiscalía debió proceder de oficio (o sea, por iniciativa propia),
ante la existencia de contundentes evidencias de delito.
Así, señores, vamos por mal camino.
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